La paz que quieren las comunidades pasa por este tipo de acciones en cuanto a la protección de los territorios. Durante la audiencia denunciaron las violaciones de los derechos humanos que trae el desarrollo de la minería. Denunciaron homicidios selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos; y fueron claros en denunciar la reactivación del paramilitarismo en los diferentes territorios. En ese sentido se hizo énfasis en que un proceso de paz en esas condiciones es un proceso “cojo”.

En este panorama las violaciones a los derechos humanos probablemente se profundizarán y es necesario que las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos continúen su trabajo de seguimiento a estas problemáticas. Es de resaltar el trabajo de La Red por la Vida y otras organizaciones que investigan estas problemáticas y abren espacios como la audiencia que permiten a las comunidades exponer sus exigencias frente a las afectaciones de políticas destructivas como la política minero energética del gobierno de Santos. Este trabajo necesita de las garantías necesarias para que los señalamientos y las amenazas frenen este trabajo en defensa de los derechos de las comunidades que defienden sus territorios.