EDITORIAL
ECUADOR ESTRATÉGICO: COMPRANDO LA LICENCIA SOCIAL
Hace una década comenzó en distinta comunidades del sur de Ecuador, la preocupación por la presencia de empresas mineras en sus territorios, las cuales estaban avanzando en el exploración de distintos minerales, en algunos casos incluso ya habían construido campamentos, tenían personal trabajando en forma permanente y, habían establecido relaciones con los gobiernos locales, en especial con Juntas Parroquiales.
A pesar de que la presencia de compañías mineras es mucho más antigua, y de que comunidades ya habían realizado anteriormente movilizaciones o acciones en rechazo a las empresas, hace una década esta movilización se hizo permanente y fue tomando dimensiones más allá de las comunidades directamente afectadas hasta confluir en un movimiento nacional al constituirse en enero de 2007 la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS.
Con este movimiento se puso en cuestionamiento la entrega de miles de hectáreas del territorio ecuatoriano en manos de corporaciones transnacionales a espaldas de las comunidades, por tanto, violando fundamentales derechos como la información y Consulta Previa. Además se constató que estas concesiones fueron entregadas dentro de bosques protectores, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como ecosistemas en donde nacen fuentes de agua. Y para mayor indignación, fueron acaparadas por pocas personas y compañías, que llegaron a adueñarse de extensos territorios, como es el caso del denominado cinturón de cobre de la canadiense Corriente Resources (hoy perteneciente al consorcio chino CCRC Tongguan Invesment).
Por todas esas razones, las comunidades reclamaron la nulidad de las concesiones mineras y llevaron esta demanda a la Asamblea Nacional Constituye, la cual emitió en el 2008 el Mandato Minero, que fue desacatado por el Ministerio de Minas y Petróleos, dejando intocadas las concesiones de las trasnacionales, y más bien cincos de los proyectos donde la resistencia era más fuerte fueron declaradas de prioridad nacional.
Al mismo tiempo se inicia un proceso de persecución y criminalización de la protesta. Los juicios se ponen a la orden del día, y el gobierno emprende una campaña para desacreditar y deslegitimar la resistencia anti-minera. A su vez se apresura en aprobar una nueva ley de minería que le permita dar continuidad a la política de los anteriores gobiernos, y en enero de 2009 se aprueba ese cuerpo legal en medio del rechazo y la movilización de las comunidades.
A pesar de todos los esfuerzos por llevar adelante los proyectos, la resistencia continuó, sobre todo para evitar que estos se legalicen con la entrega de licencias ambientales. Por ejemplo, en el 2011 en Molleturo se rechaza la socialización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Río Blanco, y se inicia un proceso de cuestionamiento del mismo, sin que se haya aprobado hasta la fecha.
Todo lo anteriormente señalado evidencia que los proyectos de minería no tienen legitimidad, y que no han logrado la aceptación de las comunidades, en palabras de las empresas no tienen “licencia social”.
Según algunos autores, la licencia social se define como la “…aprobación continua o amplia aceptación, por parte de una comunidad local y sus grupos de interés… de un proyecto de inversión…” La licencia social implica legitimidad, credibilidad y confianza. (Thomson y Joyce, 2000).
En busca de conseguir esa “licencia social” para los proyectos de los sectores estratégicos, dentro de ellos los mineros, se crea el 5 de septiembre de 2011Ecuador Estratégico mediante el Decreto Ejecutivo 870. Este ente, responde a las necesidades del sector minero para generar confianza con la construcción de obras de infraestructura en las comunidades que están dentro del área de influencias de los proyectos, convirtiéndose en un mecanismo a través del cual el Estado cumple su rol de facilitar el ingreso, o, la permanencia de las corporaciones, y garantiza su inversión.
Es importante aquí subrayar que actualmente 3 de los 5 proyectos mineros denominados “estrellas” por el régimen de Correa están en manos de consorcios chinos, los cuales no van a actuar como los canadienses, es decir, no entregarán dinero directamente en las comunidades, sino exigen la intervención del Estado.
Es así que Ecuador Estratégico ha comenzado a construir escuelas, hospitales, y las famosas “comunidades del milenio”, obras con las que quieren convencer de las bondades de la “nueva minería”, como dice la propaganda gubernamental.
El Estado nuevamente está actuando para favorecer a las corporaciones mineras, igual que lo ha hecho desde el inicio al entregar las concesiones sin información ni consulta; como lo ha hecho al desacatar el Mandato Minero, y al criminalizar y judicializar la resistencia. Está simplemente cumpliendo su papel al servicio del capital transnacional, desbrozando el camino, comprando la “licencia social”.
Y eso es lógico pues vemos cómo el gobierno actual está desesperado por captar inversión extranjera, sobre todo de corporaciones chinas, ante las cuales fue inclinarse Jorge Glas en enero de este año. En un video de su visita a China que cínicamente se difunde hasta en el ingreso del mismo Ministerio de Ambiente, se dice:
“La transformación de Ecuador precisa de importantes inversiones que sostengan las ambiciosas obras de infraestructura planificadas por el gobierno. Con la intensión de captar inversionistas el Vicepresidente Glas se presenta en el Foro Ecuador Crece, ante 100 de los más influyentes empresarios chinos.”
China tiene según Glas lo que “Ecuador necesita para sostener su modelo de desarrollo. Ecuador, por otro lado, tiene los recursos naturales no renovables que necesita China”.
Es decir, puertas abiertas para el saqueo.
Entonces, por un lado tenemos al gobierno verdeagua desesperado por entregar al capital internacional –especialmente Chino-, los recursos no renovables, y las corporaciones presionando para que se les dé “mejores condiciones” para su inversión; por otro lado, especialmente en el caso de la minería, comunidades resistiendo una década a pesar de la criminalización y judicialización de la protesta social. Ecuador Estratégico aparece en este escenario como el instrumento ideal para doblegar la voluntad de las comunidades, creando un ambiente tranquilizador para que las empresas inicien la explotación y ganando credibilidad para el Estado y el gobierno.
En algunos casos lamentablemente las comunidades están aceptando pasivamente la presencia de Ecuador Estratégico, sin darse cuenta del costo político que implica, es decir, como afecta su posibilidad de organización y movilización para continuar resistiendo.
Si Ecuador Estratégico da los resultados esperados, las comunidades se encandilarán con las obras y permitirán el inicio de la explotación minera, con lo que habrán cambiado su vida, sus ecosistemas, su agua y su salud por un espejismo de desarrollo.
Sin embargo, una “licencia social” comprada no legitima los proyectos, no garantiza una credibilidad y confianza sostenible, ya que no puede evitar los impactos desastrosos de la minería, por lo que los proyectos siempre estarán en terreno inestable sujetos a los sismos del cambio de opinión de las poblaciones.
ECUADOR ESTRATÉGICO: COMPRANDO LA LICENCIA SOCIAL
Hace una década comenzó en distinta comunidades del sur de Ecuador, la preocupación por la presencia de empresas mineras en sus territorios, las cuales estaban avanzando en el exploración de distintos minerales, en algunos casos incluso ya habían construido campamentos, tenían personal trabajando en forma permanente y, habían establecido relaciones con los gobiernos locales, en especial con Juntas Parroquiales.
A pesar de que la presencia de compañías mineras es mucho más antigua, y de que comunidades ya habían realizado anteriormente movilizaciones o acciones en rechazo a las empresas, hace una década esta movilización se hizo permanente y fue tomando dimensiones más allá de las comunidades directamente afectadas hasta confluir en un movimiento nacional al constituirse en enero de 2007 la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS.
Con este movimiento se puso en cuestionamiento la entrega de miles de hectáreas del territorio ecuatoriano en manos de corporaciones transnacionales a espaldas de las comunidades, por tanto, violando fundamentales derechos como la información y Consulta Previa. Además se constató que estas concesiones fueron entregadas dentro de bosques protectores, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como ecosistemas en donde nacen fuentes de agua. Y para mayor indignación, fueron acaparadas por pocas personas y compañías, que llegaron a adueñarse de extensos territorios, como es el caso del denominado cinturón de cobre de la canadiense Corriente Resources (hoy perteneciente al consorcio chino CCRC Tongguan Invesment).
Por todas esas razones, las comunidades reclamaron la nulidad de las concesiones mineras y llevaron esta demanda a la Asamblea Nacional Constituye, la cual emitió en el 2008 el Mandato Minero, que fue desacatado por el Ministerio de Minas y Petróleos, dejando intocadas las concesiones de las trasnacionales, y más bien cincos de los proyectos donde la resistencia era más fuerte fueron declaradas de prioridad nacional.
Al mismo tiempo se inicia un proceso de persecución y criminalización de la protesta. Los juicios se ponen a la orden del día, y el gobierno emprende una campaña para desacreditar y deslegitimar la resistencia anti-minera. A su vez se apresura en aprobar una nueva ley de minería que le permita dar continuidad a la política de los anteriores gobiernos, y en enero de 2009 se aprueba ese cuerpo legal en medio del rechazo y la movilización de las comunidades.
A pesar de todos los esfuerzos por llevar adelante los proyectos, la resistencia continuó, sobre todo para evitar que estos se legalicen con la entrega de licencias ambientales. Por ejemplo, en el 2011 en Molleturo se rechaza la socialización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Río Blanco, y se inicia un proceso de cuestionamiento del mismo, sin que se haya aprobado hasta la fecha.
Todo lo anteriormente señalado evidencia que los proyectos de minería no tienen legitimidad, y que no han logrado la aceptación de las comunidades, en palabras de las empresas no tienen “licencia social”.
Según algunos autores, la licencia social se define como la “…aprobación continua o amplia aceptación, por parte de una comunidad local y sus grupos de interés… de un proyecto de inversión…” La licencia social implica legitimidad, credibilidad y confianza. (Thomson y Joyce, 2000).
En busca de conseguir esa “licencia social” para los proyectos de los sectores estratégicos, dentro de ellos los mineros, se crea el 5 de septiembre de 2011Ecuador Estratégico mediante el Decreto Ejecutivo 870. Este ente, responde a las necesidades del sector minero para generar confianza con la construcción de obras de infraestructura en las comunidades que están dentro del área de influencias de los proyectos, convirtiéndose en un mecanismo a través del cual el Estado cumple su rol de facilitar el ingreso, o, la permanencia de las corporaciones, y garantiza su inversión.
Es importante aquí subrayar que actualmente 3 de los 5 proyectos mineros denominados “estrellas” por el régimen de Correa están en manos de consorcios chinos, los cuales no van a actuar como los canadienses, es decir, no entregarán dinero directamente en las comunidades, sino exigen la intervención del Estado.
Es así que Ecuador Estratégico ha comenzado a construir escuelas, hospitales, y las famosas “comunidades del milenio”, obras con las que quieren convencer de las bondades de la “nueva minería”, como dice la propaganda gubernamental.
El Estado nuevamente está actuando para favorecer a las corporaciones mineras, igual que lo ha hecho desde el inicio al entregar las concesiones sin información ni consulta; como lo ha hecho al desacatar el Mandato Minero, y al criminalizar y judicializar la resistencia. Está simplemente cumpliendo su papel al servicio del capital transnacional, desbrozando el camino, comprando la “licencia social”.
Y eso es lógico pues vemos cómo el gobierno actual está desesperado por captar inversión extranjera, sobre todo de corporaciones chinas, ante las cuales fue inclinarse Jorge Glas en enero de este año. En un video de su visita a China que cínicamente se difunde hasta en el ingreso del mismo Ministerio de Ambiente, se dice:
“La transformación de Ecuador precisa de importantes inversiones que sostengan las ambiciosas obras de infraestructura planificadas por el gobierno. Con la intensión de captar inversionistas el Vicepresidente Glas se presenta en el Foro Ecuador Crece, ante 100 de los más influyentes empresarios chinos.”
China tiene según Glas lo que “Ecuador necesita para sostener su modelo de desarrollo. Ecuador, por otro lado, tiene los recursos naturales no renovables que necesita China”.
Es decir, puertas abiertas para el saqueo.
Entonces, por un lado tenemos al gobierno verdeagua desesperado por entregar al capital internacional –especialmente Chino-, los recursos no renovables, y las corporaciones presionando para que se les dé “mejores condiciones” para su inversión; por otro lado, especialmente en el caso de la minería, comunidades resistiendo una década a pesar de la criminalización y judicialización de la protesta social. Ecuador Estratégico aparece en este escenario como el instrumento ideal para doblegar la voluntad de las comunidades, creando un ambiente tranquilizador para que las empresas inicien la explotación y ganando credibilidad para el Estado y el gobierno.
En algunos casos lamentablemente las comunidades están aceptando pasivamente la presencia de Ecuador Estratégico, sin darse cuenta del costo político que implica, es decir, como afecta su posibilidad de organización y movilización para continuar resistiendo.
Si Ecuador Estratégico da los resultados esperados, las comunidades se encandilarán con las obras y permitirán el inicio de la explotación minera, con lo que habrán cambiado su vida, sus ecosistemas, su agua y su salud por un espejismo de desarrollo.
Sin embargo, una “licencia social” comprada no legitima los proyectos, no garantiza una credibilidad y confianza sostenible, ya que no puede evitar los impactos desastrosos de la minería, por lo que los proyectos siempre estarán en terreno inestable sujetos a los sismos del cambio de opinión de las poblaciones.
