Toda frecuencia que haya sido declarada por un juez como ilegalmente obtenida será devuelta inmediatamente a la administración del Estado para su reasignación, previo el pago de las debidas indemnizaciones, salvo el caso de que la devolución sea voluntaria y no ordenada judicialmente. Quienes tengan más frecuencias de las que permita la Ley, podrán operarlas hasta el nal del plazo establecido en el contrato de concesión, sin posibilidad de renovarlas. … Los cambios legislativos planteados serán insucientes si el Estado no implementa de forma concurrente, coordinada y complementaria políticas públicas de comunicación. La aplicación de esta Ley y la gestión de las políticas públicas se realizará de forma articulada con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente con las leyes de Telecomunicaciones, Cultura, Educación y Acceso a la Información Pública