La familia que hoy conforma el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC se encontró en la María Piendamó los días 22, 23 y 24 de febrero en donde comuneros y comuneras de diferentes territorios del Cauca que hacen parte de los 10 pueblos (Nasas, Yanaconas, Totoroez, Kokonucos, Kisgó, Ambalueños, Polindaras, Ingas y Eperaras – Siapidaras) se dieron cita para participar en la junta directiva del CRIC en el marco de la conmemoración de sus 47 años de vida. Es por eso que desde muy temprano del día 22 de febrero llegaron chivas, carros y motos con comuneros que venían a acompañar este espacio. Para nuestro proceso la lucha no ha sido fácil, aunque hemos logrado constituirnos como una de las organizaciones de resistencia indígena más sólidas en Latinoamérica, han sido muchos compañeros los que han derramado su sangre, hemos sido víctimas de estigmatizaciones, persecuciones, masacres y un constante asedio a nuestras comunidades. Pero la tenacidad de los pueblos por seguir perviviendo ha permitido seguir de la mano de nuestros mayores, mayoras, de nuestros Ksxaws para poder continuar el camino que trazaron la Cacica La Gaitana, Manuel Quintín Lame, Álvaro Ulcué Chocué, y muchos otros que enseñaron a no arrodillarnos a imposiciones de los de afuera. Por ello en esta conmemoración de los 47 años de lucha y resistencia, se esperaba que el día 23 de febrero se llevara a cabo EL ACTO DE DESAGRAVIO Y PERDÓN PÚBLICO que debía rendir el Estado Colombiano a través del Ministerio de Defensa, a las comunidades indígenas del Cauca a nuestra compañera AIDA QUILCUE VIVAS Y LA FAMILIA DEL COMPAÑERO JOSÉ EDUIN LEGARDA VASQUEZ por el asesinato de este último en hechos ocurridos el 16 de diciembre del 2008, en el sector de San Pedro el Bosque, Corregimiento de Gabriel López, Territorio del Pueblo Totoroez, Departamento del Cauca. El Gobierno Nacional nuevamente y de manera injustificada incumplió con la Sentencia No. 225 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca de fecha 09 de abril de 2015, la que contiene una exigencia de mínima humanidad por parte del Estado, consistente en el reconocimiento de responsabilidad por el vil y cobarde asesinato del comunero JOSÉ EDUIN LEGARDA VASQUEZ en diciembre de 2008, y la expresión de perdón público como reparación simbólica para el resarcimiento del daño individual y colectivo. Frente a esta situación escuchemos a la compañera Aida Quilcue que nos habla sobre lo complejo que ha sido este proceso para lograr que el estado reconozca su responsabilidad en este asesinato.