Comunicado de prensa, 8 de mayo de 2017, Córdoba.
La Co.De.Bo.Na denunció maniobras delictivas cometidas por funcionarios públicos
En el día de la fecha la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Co.De.Bo.Na.) se ha presentado ante la justicia penal a los fines de denunciar maniobras delictivas cometidas por funcionarios públicos de la Secretaría de Ambiente, quienes en el año 2015 autorizaron de manera ilegal intervenciones de desmonte en sectores de máxima conservación (zona roja) del mapa de bosques de la provincia.
La Justicia Penal Cordobesa tiene hoy una oportunidad inmejorable para comenzar a revertir esta lamentable y muy triste realidad, investigando, imputando, procesando y condenando –en el caso de corresponder- a los autores, cómplices y partícipes de los hechos motivo de la denuncia. Este verdadero Ecocidio pone al descubierto la gran incapacidad del Estado Provincial para controlar y fiscalizar las actividades humanas degradantes del bosque nativo, que muestran su lado más perverso a través de los salvajes desmontes denunciados. Está claro que el Estado no quiere o no puede controlar estas actividades y en el caso que nos ocupa, hasta diseña y pone en práctica un aceitado mecanismo ilegal, en donde intervienen al menos cuatro actores clave que dirigen sus acciones, justamente en un sentido contrario al que deben hacerlo en su condición de funcionarios públicos, en el caso de Pratto nombrado para proteger el medioambiente provincial y no contribuir a su mayor degradación.
Es allí que aparece como ineludible e inevitable, la actuación e inmediata intervención del Poder Judicial en general, y de la Justicia Penal en particular, como “ultima ratio”, a los efectos de perseguir, procesar y condenar, a todos aquellos funcionarios públicos que con su accionar, comisivo u omisivo, permitieron, toleraron, facilitaron, o autorizaron tareas de desmontes, en abierta oposición a la legislación vigente.
Sólo actuando de la manera señalada, se estaría dando cabal cumplimiento al derecho de raigambre constitucional del que gozamos todos los ciudadanos a “vivir en una ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras” (Art. 41); y que los mismos, en su condición de funcionarios, abocados a preservar el objeto basal de sus labores, al servicio de todos los cordobeses, no solo no cumplieron con sus roles, sino que deliberadamente eligieron hacer todo lo contrario, esto es contribuir a que el patrimonio ambiental de la provincia –en materia de bosque- hoy esté casi al borde de su destrucción definitiva. Resulta elocuente que la escasa e insuficiente superficie arbórea existente en nuestra provincia, dista bastante de aquel ideal de ambiente sano, equilibrado y “apto para el desarrollo humano”. Sabemos de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos de provisión (maderas, fibras, frutos), de soporte (ciclo hidrológico, fotosíntesis), de regulación (climática), y culturales (recreación, valor escénico) -Rótolo y Francis, 2008-. De allí su necesidad de preservación y conservación.
También sabemos que las “actividades productivas” (agrícolas y ganaderas intensivas y extensivas) ilimitadas, altamente contaminantes (por el uso masivo de agrotóxicos) están comprometiendo a las generaciones futuras (problemas graves de salud, cáncer, leucemias, malformaciones, abortos espontáneos, etc), y éste es nuestro límite, cuya defensa no estamos dispuestos a renunciar. Si no hacemos nada para frenar tanta locura, tanta vorágine, tanta desidia, tanta voracidad empresarial, y connivencia estatal, la actual generación deberá responder -en algún momento- por el futuro incierto y desolador que estamos construyendo para nuestros hijos. Dicho esto, la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo con firmeza sostiene -conforme a la denuncia formulada en el día de la fecha- que en los casos traídos a conocimiento del Sr. Fiscal, ha existido violación del marco procedimental aludido, y se han cometido delitos en la modalidad descripta, delitos que contribuyen al penoso resultado actual y que sitúa a nuestra provincia en el vergonzoso primer lugar en materia de desmonte a nivel nacional.
Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de la provincia de Córdoba (CoDeBoNa)
Coordinadora Punilla (Norte-Centro-Sur) y N.Oeste Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba Asamblea de Paravachasca Regional Sierras Chicas
Coordinadora Zona Sur-Este
Coordinadora Ambiental Traslasierra
Asamblea en Defensa del Bosque Nativo Calamuchita
Asamblea en Defensa del Ambiente - Córdoba Capital
Movimiento Campesino de Córdoba
Pueblos Originarios
Contactos: Ab. Darío Ávila: 0351-155-050-189
Ab. Carlos González Quintana: 0351-153-075-484
Ab. Victoria Gauna (MCC): 0351- 152-087-647
Pablo Riveros (CoDeBoNa): 03546-15-51-3908
Laura Dos Santos (CoDeBoNa): 011-15-6745-8751
Gacetilla con datos de expedientes > goo.gl/7OR9ZF
La Co.De.Bo.Na denunció maniobras delictivas cometidas por funcionarios públicos
En el día de la fecha la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Co.De.Bo.Na.) se ha presentado ante la justicia penal a los fines de denunciar maniobras delictivas cometidas por funcionarios públicos de la Secretaría de Ambiente, quienes en el año 2015 autorizaron de manera ilegal intervenciones de desmonte en sectores de máxima conservación (zona roja) del mapa de bosques de la provincia.
La Justicia Penal Cordobesa tiene hoy una oportunidad inmejorable para comenzar a revertir esta lamentable y muy triste realidad, investigando, imputando, procesando y condenando –en el caso de corresponder- a los autores, cómplices y partícipes de los hechos motivo de la denuncia. Este verdadero Ecocidio pone al descubierto la gran incapacidad del Estado Provincial para controlar y fiscalizar las actividades humanas degradantes del bosque nativo, que muestran su lado más perverso a través de los salvajes desmontes denunciados. Está claro que el Estado no quiere o no puede controlar estas actividades y en el caso que nos ocupa, hasta diseña y pone en práctica un aceitado mecanismo ilegal, en donde intervienen al menos cuatro actores clave que dirigen sus acciones, justamente en un sentido contrario al que deben hacerlo en su condición de funcionarios públicos, en el caso de Pratto nombrado para proteger el medioambiente provincial y no contribuir a su mayor degradación.
Es allí que aparece como ineludible e inevitable, la actuación e inmediata intervención del Poder Judicial en general, y de la Justicia Penal en particular, como “ultima ratio”, a los efectos de perseguir, procesar y condenar, a todos aquellos funcionarios públicos que con su accionar, comisivo u omisivo, permitieron, toleraron, facilitaron, o autorizaron tareas de desmontes, en abierta oposición a la legislación vigente.
Sólo actuando de la manera señalada, se estaría dando cabal cumplimiento al derecho de raigambre constitucional del que gozamos todos los ciudadanos a “vivir en una ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras” (Art. 41); y que los mismos, en su condición de funcionarios, abocados a preservar el objeto basal de sus labores, al servicio de todos los cordobeses, no solo no cumplieron con sus roles, sino que deliberadamente eligieron hacer todo lo contrario, esto es contribuir a que el patrimonio ambiental de la provincia –en materia de bosque- hoy esté casi al borde de su destrucción definitiva. Resulta elocuente que la escasa e insuficiente superficie arbórea existente en nuestra provincia, dista bastante de aquel ideal de ambiente sano, equilibrado y “apto para el desarrollo humano”. Sabemos de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos de provisión (maderas, fibras, frutos), de soporte (ciclo hidrológico, fotosíntesis), de regulación (climática), y culturales (recreación, valor escénico) -Rótolo y Francis, 2008-. De allí su necesidad de preservación y conservación.
También sabemos que las “actividades productivas” (agrícolas y ganaderas intensivas y extensivas) ilimitadas, altamente contaminantes (por el uso masivo de agrotóxicos) están comprometiendo a las generaciones futuras (problemas graves de salud, cáncer, leucemias, malformaciones, abortos espontáneos, etc), y éste es nuestro límite, cuya defensa no estamos dispuestos a renunciar. Si no hacemos nada para frenar tanta locura, tanta vorágine, tanta desidia, tanta voracidad empresarial, y connivencia estatal, la actual generación deberá responder -en algún momento- por el futuro incierto y desolador que estamos construyendo para nuestros hijos. Dicho esto, la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo con firmeza sostiene -conforme a la denuncia formulada en el día de la fecha- que en los casos traídos a conocimiento del Sr. Fiscal, ha existido violación del marco procedimental aludido, y se han cometido delitos en la modalidad descripta, delitos que contribuyen al penoso resultado actual y que sitúa a nuestra provincia en el vergonzoso primer lugar en materia de desmonte a nivel nacional.
Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de la provincia de Córdoba (CoDeBoNa)
Coordinadora Punilla (Norte-Centro-Sur) y N.Oeste Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba Asamblea de Paravachasca Regional Sierras Chicas
Coordinadora Zona Sur-Este
Coordinadora Ambiental Traslasierra
Asamblea en Defensa del Bosque Nativo Calamuchita
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Movimiento Campesino de Córdoba
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Contactos: Ab. Darío Ávila: 0351-155-050-189
Ab. Carlos González Quintana: 0351-153-075-484
Ab. Victoria Gauna (MCC): 0351- 152-087-647
Pablo Riveros (CoDeBoNa): 03546-15-51-3908
Laura Dos Santos (CoDeBoNa): 011-15-6745-8751
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