En diciembre, la Justicia de La Plata condenó a prisión perpetua a dos ex policías bonaerenses por torturas y el asesinato de Andrés Núñez. En el veredicto, el ex sargento Jorge González fue hallado responsable de "privación de la libertad agravada en concurso con torturas seguida de muerte" y el ex cabo Víctor Dos Santos por este último delito. En rigor, había un tercer policía imputado en el juicio, José Ramos, pero para él no se pidió condena argumentando su defensa su estado psicológico y psiquiátrico.
Además el Tribunal dispuso la investigación por irregularidades del ex juez encargado de la causa, Amilcar Vara. Los jueces del Tribunal denunciaron al sistema judicial ordenando que se investigue al ex juez Amílcar Vara, quién había tomado la causa cuando comenzó pero fue destituido en 1998 al probar irregularidades en 26 causas que él llevaba, en las que estaban implicados personal policial, una de ellas la de Miguel Bru.
Para el esclarecimiento de los hechos fue fundamental la declaración de David Guevara, quien estuvo detenido junto a Andrés Núñez la noche del 28 de septiembre de 1990, en la Brigada de investigaciones de la Plata. Guevara, de 16 años en aquella época, sufrió las mismas torturas por parte de efectivos policiales de dicha institución, para que declare un robo que no había cometido, aseveración que se certificaría posteriormente con los testimonios recabados. A diferencia de Núñez, Guevara resistió las torturas, tal como aseguró la fiscal en su alegato.
Guevara aseguró haber visto al ex juez Amilcar Vara en la Brigada de Investigaciones el día que torturaron y asesinaron a Núñez. A su vez, indicó haber visto a Núñez, de quien más tarde sabría, por dichos de otros presos, que a los efectivos se les "había ido la mano" y que lo habían matado.
Aún permanecen evadidos de la Justicia otros dos acusados: el entonces jefe de la Brigada, Luis Raúl Ponce, quien habría dado la orden de que se modificaran los libros de guardia de la Brigada para ocultar el crimen, y el policía Pablo Gerez. Con el paso del tiempo el delito puede proscribir y los imputados prófugos quedarían exentos del juicio y da la condena. Ante la posibilidad de que los imputados no sean juzgados, el abogado de la familia, Eduardo Hortel, pidió a la Suprema Corte de Justicia que la causa sea declarada de lesa humanidad para impedir su proscripción.
Fuente: lafogata.org
Además el Tribunal dispuso la investigación por irregularidades del ex juez encargado de la causa, Amilcar Vara. Los jueces del Tribunal denunciaron al sistema judicial ordenando que se investigue al ex juez Amílcar Vara, quién había tomado la causa cuando comenzó pero fue destituido en 1998 al probar irregularidades en 26 causas que él llevaba, en las que estaban implicados personal policial, una de ellas la de Miguel Bru.
Para el esclarecimiento de los hechos fue fundamental la declaración de David Guevara, quien estuvo detenido junto a Andrés Núñez la noche del 28 de septiembre de 1990, en la Brigada de investigaciones de la Plata. Guevara, de 16 años en aquella época, sufrió las mismas torturas por parte de efectivos policiales de dicha institución, para que declare un robo que no había cometido, aseveración que se certificaría posteriormente con los testimonios recabados. A diferencia de Núñez, Guevara resistió las torturas, tal como aseguró la fiscal en su alegato.
Guevara aseguró haber visto al ex juez Amilcar Vara en la Brigada de Investigaciones el día que torturaron y asesinaron a Núñez. A su vez, indicó haber visto a Núñez, de quien más tarde sabría, por dichos de otros presos, que a los efectivos se les "había ido la mano" y que lo habían matado.
Aún permanecen evadidos de la Justicia otros dos acusados: el entonces jefe de la Brigada, Luis Raúl Ponce, quien habría dado la orden de que se modificaran los libros de guardia de la Brigada para ocultar el crimen, y el policía Pablo Gerez. Con el paso del tiempo el delito puede proscribir y los imputados prófugos quedarían exentos del juicio y da la condena. Ante la posibilidad de que los imputados no sean juzgados, el abogado de la familia, Eduardo Hortel, pidió a la Suprema Corte de Justicia que la causa sea declarada de lesa humanidad para impedir su proscripción.
Fuente: lafogata.org
