Después de 14 meses en prisión preventiva como consecuencia de una sistemática persecución política que ha llevado a la detención arbitraria de nuestros compañeros Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan y Mynor López, finalmente la verdad, la justicia ha llegado; la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, determinó una sentencia absolutoria para todos. Este acontecimiento nos confirma una vez más la situación de opresión y sometimiento a la que han sido objeto nuestros pueblos a lo largo de la historia. El desconocimiento del funcionamiento del sistema de autoridades ancestrales, la judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales, constituye la vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación de la doctrina penal del enemigo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala. Esta sentencia absolutoria condenó la utilización del sistema de justicia a favor de los intereses de la empresa Hidro Santa Cruz, en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo q’anjobal y mestizo. Los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones vertidas en contra de los líderes comunitarios fueron arbitrarias, debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de nuestros pueblos. La imposición del modelo extractivista en nuestra región constituye una amenaza real, que lejos de impulsar el desarrollo, propician la voracidad y el carácter criminal de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocación de crisis y violencia, persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo. En este proceso quedó vigente la necesidad de investigar la existencia de una red criminal que opera desde los centros de administración de justicia de Huehuetenango como responsables directos de esta tragedia, al mismo tiempo, será necesario un resarcimiento digno a las víctimas de la criminalización por parte del Estado de Guatemala de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes. Esta sistemática criminalización de las luchas comunitarias incluyó una campaña de difamación y descalificación de nuestras luchas legítimas, propiciada por las empresas y el mal gobierno de Otto Pérez Molina. Esta situación perversa provocó desestabilidad social, profundizó la estigmatización en contra de defensores de derechos humanos, el odio y racismo en contra de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Esta victoria jurídica y política a favor de los pueblos se la dedicamos al heroísmo y sacrificio de los compañeros Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan y Mynor López y sus familiares, al Yajawil Ko Kono’b, a todos los pueblos, a nuestros hermanos abogados, organizaciones y personas que nunca claudicaron, que siempre han confiado en la legitimidad e importancia de nuestras luchas. A pesar del alto costo que significó esta injusticia como lo han sido históricamente, hemos dado un paso fundamental hacia la liberación de nuestros pueblos. Seguiremos luchando en defensa de nuestro territorio, en la construcción del Estado Plurinacional, el bien vivir y la profundización de la democracia, porque no somos criminales, somos defensores de la vida y el territorio. Huehuetenango, 31 de Julio de 2016 Consejo del Pueblo Maya -CPO-