En el informe se considera que en las peticiones presentadas por la UNExPP de Chile denunciamos que el Estado chileno a vulnerado el derecho a acceder a la Justicia y a una reparación integral por el daño sufrido a consecuencia de una política estatal de persecución durante la dictadura. Es decir, que denunciamos como los tribunales nacionales han rechazado nuestras demandas reparatorias, ello a pesar de haber sido secuestradas, mantenidas prisioneras y torturadas tanto física como psíquicamente, situación acreditada por la Comisión Valech, vulnerando el derecho a una adecuada indemnización cuando el Consejo de Defensa del Estado reclamó la improcedencia de la acción solicitando se declararan prescritas. Con ello, los diversos órganos jurisdiccionales competentes rechazaron nuestras demandas declarándolas prescritas extinguiendo el derecho a una justa reparación, sin considerar el carácter imprescriptible de las graves violaciones que originaron nuestras demandas.