Demanda colectiva responsabiliza a empresas de crímenes del apartheid
Por Amy Goodman
Publicado el 12 de enero del 2010
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Un juicio colectivo sin precedentes está teniendo lugar en un tribunal federal de Nueva York. El juicio involucra a víctimas del apartheid en Sudáfrica que demandan a empresas que, según ellos afirman, colaboraron con el régimen que gobernó hasta 1994. Algunas de las empresas multinacionales acusadas son IBM, Fujitsu, Ford, General Motors y las gigantes del sector bancario UBS y Barclays. La demanda acusa a las empresas de “complicidad y/o participación consciente en crímenes cometidos durante el apartheid: ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención ilícita prolongada y trato cruel, inhumano y degradante”. Los abogados pretenden el pago de 400.000 millones de dólares en compensación por los daños y perjuicios.
El difunto activista contra el apartheid, Dennis Brutus, fallecido apenas semanas atrás, es uno de los demandantes. En 2008 me dijo: “Se trata de discriminación consistente contra los negros basada en la raza, que da sus frutos, claro, en el pago de salarios de hambre. En algunos casos, las empresas contrataron espacios en periódicos para anunciar ‘Somos ciudadanos leales de Sudáfrica, aceptamos las leyes de Sudáfrica’. Entonces estaban declarando, en realidad, el hecho de que para ellos el apartheid fue un sistema muy bueno, y fue un sistema muy lucrativo”. Justo esta semana, en la que Estados Unidos conmemora el nacimiento de Martin Luther King Jr., celebra el primer aniversario de la asunción de un presidente afro-estadounidense y se encuentra en medio de un revuelo político a causa de la revelación de los comentarios racistas realizados en 2008 por el actual líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, el tema racial aparece en un lugar central y este caso se convierte en más oportuno e imperativo.
La Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual para Extranjeros (ATCA, por sus siglas en inglés) data de la época de la guerra por la independecia de Estados Unidos y permite que personas extranjeras presenten en Estados Unidos una demanda contra otra parte por presuntos delitos cometidos fuera de Estados Unidos en un tribunal estadounidense. En los últimos años se presentaron casos contra el trabajo forzado en un oleoducto en Birmania, el asesinato de sindicalistas en Colombia y el asesinato de activistas en el delta del Níger. Esta demanda afirma que el régimen del apartheid no podría haber sido exitoso en su opresión violenta de millones de personas sin el apoyo activo de empresas extranjeras.
Ford y General Motors construyeron fábricas en Port Elizabeth, Sudáfrica, donde Dennis Brutus se crió. Él me dijo: “Estaban utilizando mano de obra negra, pero era mano de obra muy barata porque había una ley en Sudáfrica que decía que los negros no podían unirse a los sindicatos, y tampoco se les permitía hacer huelga, entonces eso los obligaba a aceptar cualquier salario que se les pagara. Vivían en guetos, y en algunos casos, cerca de donde yo vivía, de hecho vivían en las cajas en las que habían sido enviados los repuestos desde Estados Unidos para ser ensamblados en Sudáfrica. Entonces había una localidad llamada Kwaford, que significa ‘el lugar de Ford’, donde solamente había cajas de Ford con el nombre Ford impreso”.
Lo mismo sucedió con IBM y Fujitsu. La demanda afirma que “Las fuerzas de seguridad sudafricanas utilizaron computadoras proporcionadas por IBM y Fujitsu para restringir el movimiento de personas negras dentro del país, para rastrear a no blancos y disidentes políticos y para buscar a individuos particulares con el fin de reprimir a la población negra y perpetuar el sistema del apartheid”. Se emitían libretas de ahorros para los sudafricanos negros, que el régimen del apartheid utilizaba para restringir el movimiento y rastrear a millones de personas, lo que durante décadas posibilitó la ejecución de arrestos políticos y desapariciones.
La demanda afirma que UBS y Barclays “financiaron directamente a las fuerzas de seguridad sudafricanas que llevaron acabo los aspectos más brutales del apartheid”. El Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid afirmó en 1979 “nos enteramos hoy que más de 5.400 millones de dólares fueron dados en préstamo en un período de seis años para fortalecer un régimen que es responsable de algunos de los más atroces crímenes jamás cometidos contra la humanidad”. Varios bancos, entre ellos UBS, fueron sancionados por ayudar a los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que la demanda por reparaciones en el caso del apartheid tiene un precedente.
Uno de los abogados de la parte demandante, Michael Hausfeld, habló acerca del caso: “¿Qué tipo de sujeto es una empresa y cuáles son sus responsabilidades? No solo ante los accionistas sino ante la comunidad a la que sirven y donde hace negocios. Si las empresas pueden afectar vidas, empeorar la situación de una serie de personas de modo tal que esas personas son reprimidas o atemorizadas, como afirmamos que hacía el régimen del apartheid con los negros sudafricanos, entonces cualquier sujeto que haya proporcionado las herramientas para llevar a cabo la represión y el terrorismo debe ser responsable. Si no se establece este principio, entonces, aunque quizá no sea posible lograr plena justicia para las víctimas en Sudáfrica hoy, básicamente se está atribuyendo a la eternidad el hecho de que en el futuro uno jamás podrá hacer eso y las empresas pueden actuar con impunidad e inmunidad”.
Sudáfrica atravesó un histórico proceso tras el apartheid, la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), encabezada por el Premio Nobel de la Paz, el Arzobispo Desmond Tutu. Miles de personas asumieron la responsabilidad de sus acciones, así como también muchas empresas sudafricanas. Ninguna empresa multinacional aceptó la invitación a hablar en la Comisión. Marjorie Jobson, directora nacional del Grupo de Apoyo Khulumani, uno de los grupos que presentó la demanda, dijo “los bajos salarios, las malas condiciones de vida, los albergues para personas del mismo sexo donde la gente era trasladada a sus territorios nativos para que solo pudieran venir a los pueblos contratados y vivir en albergues durante el año y regresar a su hogar tres semanas al año, y todas las cosas terribles que fueron construidas por las empresas – empresas sudafricanas y empresas internacionales – con la connivencia del gobierno sudafricano. Y ninguna empresa reconoció ningún tipo de complicidad por esos hechos violentos. Entonces, básicamente, cuando la Jueza Scheindlin dio su opinión en abril del año pasado, fue muy alentador ver que dijo que esto trata de concretar el trabajo inconcluso de la Comisión de Verdad y Reconciliación”.
La elección de Barack Obama, de padre africano, fue un momento histórico en la lucha contra el racismo. Pero a menos que los tribunales estadounidenses estén abiertos a enfrentar las faltas cometidas tanto en el pasado como en el presente, las empresas continuarán sientiéndose libres de ir al extranjero y lucrar con las políticas racistas y represivas.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Por Amy Goodman
Publicado el 12 de enero del 2010
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Un juicio colectivo sin precedentes está teniendo lugar en un tribunal federal de Nueva York. El juicio involucra a víctimas del apartheid en Sudáfrica que demandan a empresas que, según ellos afirman, colaboraron con el régimen que gobernó hasta 1994. Algunas de las empresas multinacionales acusadas son IBM, Fujitsu, Ford, General Motors y las gigantes del sector bancario UBS y Barclays. La demanda acusa a las empresas de “complicidad y/o participación consciente en crímenes cometidos durante el apartheid: ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención ilícita prolongada y trato cruel, inhumano y degradante”. Los abogados pretenden el pago de 400.000 millones de dólares en compensación por los daños y perjuicios.
El difunto activista contra el apartheid, Dennis Brutus, fallecido apenas semanas atrás, es uno de los demandantes. En 2008 me dijo: “Se trata de discriminación consistente contra los negros basada en la raza, que da sus frutos, claro, en el pago de salarios de hambre. En algunos casos, las empresas contrataron espacios en periódicos para anunciar ‘Somos ciudadanos leales de Sudáfrica, aceptamos las leyes de Sudáfrica’. Entonces estaban declarando, en realidad, el hecho de que para ellos el apartheid fue un sistema muy bueno, y fue un sistema muy lucrativo”. Justo esta semana, en la que Estados Unidos conmemora el nacimiento de Martin Luther King Jr., celebra el primer aniversario de la asunción de un presidente afro-estadounidense y se encuentra en medio de un revuelo político a causa de la revelación de los comentarios racistas realizados en 2008 por el actual líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, el tema racial aparece en un lugar central y este caso se convierte en más oportuno e imperativo.
La Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual para Extranjeros (ATCA, por sus siglas en inglés) data de la época de la guerra por la independecia de Estados Unidos y permite que personas extranjeras presenten en Estados Unidos una demanda contra otra parte por presuntos delitos cometidos fuera de Estados Unidos en un tribunal estadounidense. En los últimos años se presentaron casos contra el trabajo forzado en un oleoducto en Birmania, el asesinato de sindicalistas en Colombia y el asesinato de activistas en el delta del Níger. Esta demanda afirma que el régimen del apartheid no podría haber sido exitoso en su opresión violenta de millones de personas sin el apoyo activo de empresas extranjeras.
Ford y General Motors construyeron fábricas en Port Elizabeth, Sudáfrica, donde Dennis Brutus se crió. Él me dijo: “Estaban utilizando mano de obra negra, pero era mano de obra muy barata porque había una ley en Sudáfrica que decía que los negros no podían unirse a los sindicatos, y tampoco se les permitía hacer huelga, entonces eso los obligaba a aceptar cualquier salario que se les pagara. Vivían en guetos, y en algunos casos, cerca de donde yo vivía, de hecho vivían en las cajas en las que habían sido enviados los repuestos desde Estados Unidos para ser ensamblados en Sudáfrica. Entonces había una localidad llamada Kwaford, que significa ‘el lugar de Ford’, donde solamente había cajas de Ford con el nombre Ford impreso”.
Lo mismo sucedió con IBM y Fujitsu. La demanda afirma que “Las fuerzas de seguridad sudafricanas utilizaron computadoras proporcionadas por IBM y Fujitsu para restringir el movimiento de personas negras dentro del país, para rastrear a no blancos y disidentes políticos y para buscar a individuos particulares con el fin de reprimir a la población negra y perpetuar el sistema del apartheid”. Se emitían libretas de ahorros para los sudafricanos negros, que el régimen del apartheid utilizaba para restringir el movimiento y rastrear a millones de personas, lo que durante décadas posibilitó la ejecución de arrestos políticos y desapariciones.
La demanda afirma que UBS y Barclays “financiaron directamente a las fuerzas de seguridad sudafricanas que llevaron acabo los aspectos más brutales del apartheid”. El Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid afirmó en 1979 “nos enteramos hoy que más de 5.400 millones de dólares fueron dados en préstamo en un período de seis años para fortalecer un régimen que es responsable de algunos de los más atroces crímenes jamás cometidos contra la humanidad”. Varios bancos, entre ellos UBS, fueron sancionados por ayudar a los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que la demanda por reparaciones en el caso del apartheid tiene un precedente.
Uno de los abogados de la parte demandante, Michael Hausfeld, habló acerca del caso: “¿Qué tipo de sujeto es una empresa y cuáles son sus responsabilidades? No solo ante los accionistas sino ante la comunidad a la que sirven y donde hace negocios. Si las empresas pueden afectar vidas, empeorar la situación de una serie de personas de modo tal que esas personas son reprimidas o atemorizadas, como afirmamos que hacía el régimen del apartheid con los negros sudafricanos, entonces cualquier sujeto que haya proporcionado las herramientas para llevar a cabo la represión y el terrorismo debe ser responsable. Si no se establece este principio, entonces, aunque quizá no sea posible lograr plena justicia para las víctimas en Sudáfrica hoy, básicamente se está atribuyendo a la eternidad el hecho de que en el futuro uno jamás podrá hacer eso y las empresas pueden actuar con impunidad e inmunidad”.
Sudáfrica atravesó un histórico proceso tras el apartheid, la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), encabezada por el Premio Nobel de la Paz, el Arzobispo Desmond Tutu. Miles de personas asumieron la responsabilidad de sus acciones, así como también muchas empresas sudafricanas. Ninguna empresa multinacional aceptó la invitación a hablar en la Comisión. Marjorie Jobson, directora nacional del Grupo de Apoyo Khulumani, uno de los grupos que presentó la demanda, dijo “los bajos salarios, las malas condiciones de vida, los albergues para personas del mismo sexo donde la gente era trasladada a sus territorios nativos para que solo pudieran venir a los pueblos contratados y vivir en albergues durante el año y regresar a su hogar tres semanas al año, y todas las cosas terribles que fueron construidas por las empresas – empresas sudafricanas y empresas internacionales – con la connivencia del gobierno sudafricano. Y ninguna empresa reconoció ningún tipo de complicidad por esos hechos violentos. Entonces, básicamente, cuando la Jueza Scheindlin dio su opinión en abril del año pasado, fue muy alentador ver que dijo que esto trata de concretar el trabajo inconcluso de la Comisión de Verdad y Reconciliación”.
La elección de Barack Obama, de padre africano, fue un momento histórico en la lucha contra el racismo. Pero a menos que los tribunales estadounidenses estén abiertos a enfrentar las faltas cometidas tanto en el pasado como en el presente, las empresas continuarán sientiéndose libres de ir al extranjero y lucrar con las políticas racistas y represivas.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
