Desde hace 30 años las autoridades mexicanas han suscrito una serie de tratados, legislaciones y políticas neoliberales que han vulnerado gravemente los derechos de diversos pueblos en todo el territorio mexicano. Pese a las denuncias y demandas, el aparato de justicia ha protegido intereses empresariales y servido como instrumento de control eficaz contra el bienestar legítimo de la ciudadanía. Por este motivo se presentaron 22 casos de comunidades de todo el estado de Oaxaca para apelar este fin de semana, a la justicia comunitaria, impulsando así el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras. Después de una jornada de más de 12 horas y en la que estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos chatino, chontal, cuicateco ikoots, mixe, mixteco, zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca, se presentaron evidencias para denunciar ante un jurado internacional la implementación de proyectos mineros (que con engaños o condicionamientos, incluyendo la criminalización y la represión) buscan despojarlos de sus territorios.