Este fin de semana golpearon a dos jóvenes protegidos por un habeas corpus, dejando a uno en el hospital, y el fin de semana pasado incluso fue víctima el sobrino de un funcionario provincial.
Apenas a una semana de la visita del CELS a la provincia, el sábado pasado la policía de San Pedro de Jujuy dio una muestra más de la represión de la pobreza, la violencia policial y el irrespeto a la estructura jurídica que vienen denunciando al unísono todos los organismos de Derechos Humanos de la provincia, frente a la pasmosa inacción política del gobierno de Jujuy.
En horas de la tarde, tras un taller sobre los derechos de las personas detenidas que se dio bajo el patrullaje constante de vehículos de la fuerza, dos jóvenes que habían presenciado el taller y que figuran en el listado de protegidos por el Hábeas Corpus fueron salvajemente golpeados, patadas en el piso y culatazos incluidos, y detenidos apenas a 100 metros de donde se había dado el mismo.
Los vecinos del barrio y algunos militantes de Derechos Humanos que acababan de dar el taller, enterados del hecho, salieron a la calle a impedirlo, en el caso de los militantes incluso salieron con la copia del tan bastardeado Hábeas Corpus, cosa que fue contestada por la policía con el disparo de una itaca a una distancia menor a 50 metros que afortunadamente no aumentó el número de heridos físicos. Más tarde se enterarían que el apellido del policía tirador era Cazón.
Mientras militantes y familiares de las víctimas en San Pedro se dirigían a la comisaría 26 de Bº Belgrano, distintas organizaciones de Derechos Humanos como expresos, la red por el derecho a la identidad, el área DDHH de aji-20, abogados de DDHH y hasta el colectivo de abogados populares “La Ciega”, de la Plata, iniciaron rápidas gestiones que impidieron el martirio de los jóvenes fuera más grotesco o terminara en tragedia.
El final del episodio lo relató Pablo Juárez, uno de los militantes de DDHH que estaba dando el taller “Corrimos al hospital y ví que Mauro Alvaro Medina estaba esposado contra la pared de la guardia del hospital, Hugo Leonardo Canedi estaba siendo atendido por la médica de guardia Dra. Lumeto. Finalmente Hugo quedó internado y a Mauro, como es menor, se lo entregaron a su madre. A todo esto los policías hablaban por lo bajo burlándoce” . Tras ello hicieron la hasta hoy consabida e inocua denuncia en la fiscalía de turno.
La total vulneración de un Hábeas Corpus, supuesto último recurso frente al abuso en un Estado de Derecho, parece no tener valía para las clases populares, mientras la fiscalía, en la persona del fiscal Blanco, alega un carácter de “delincuentes” a los protegidos por el Hábeas que aparentemente, en su particular interpretación del derecho, parece justificar las torturas más crueles, el poder político, a su vez, no sólo mira para otro lado, sino que gambetea las reuniones con organismos provinciales y nacionales de Derechos Humanos, pasando pues de la inacción más vulnerante a la acción más ominosa.
El desboque de la policía, mientras tanto, afecta ya también a familiares de ese mismo poder político que opta por la inactividad y el silencio.
“¿ABOGADO? ACÁ NO ESTAMOS EN ESTADOS UNIDOS”
El fin de semana anterior Sergio Ontivero, un joven sin ningún antecedente, al gusto del fiscal, y sobrino de un funcionario provincial tuvo problemas a la salida de un boliche con policías de civil, a los cuales no dudaron en sumarse sus colegas uniformados. La historia luego siguió el mismo modus operandi: torturas, baldazos de agua y la acusación de ser “drogadicto” y “borracho”, para más inri, cuando el joven, en todo su derecho, solicitó un abogado la respuesta fue “¿Abogado? Acá no estamos en Estados Unidos”.
Acaso la posterior conciencia de hasta donde habían llegado (tras algunas llamadas y presencias hasta ellos podían inferirlo) llevó a los uniformados del nuevo turno a liberar al chico, eso sí, sin pasarlo al hospital y sacado por la puerta de atrás de la comisaría.
EL BIRLE OFICIAL
Una semana antes de esta nueva vulneración del Hábeas, el martes 30 de julio, una comitiva compuesta por todos los organismos de DDHH de la provincia esperaba, frente a casa de gobierno, una ya peticionada y largamente esperada reunión con el Ministro de Gobierno, Oscar Insausti, para hablar de la situación de los DDHH en San Pedro. A la comitiva se sumaba una delegación del CELS que había venido desde Buenos Aires.
El ministro nunca apareció, con el argumento de la visita pesidencial, y quedó pactada una nueva reunión para el lunes siguiente, ya sin la posibilidad de contar con la presencia de la delegación bonaerense. Pero el lunes reincidió en el faltazo, según las palabras de un integrante de la de la comitiva “Al igual que el martes pasado, que teníamos una reunión pactada de varias semanas, el Ministro no apareció. Nos mandó en su cuenta a una persona que por lo que veíamos no tenía ni idea de lo que pasa en San Pedro, cuando le contábamos lo que pasaba el muchacho habría los ojos muy sorprendido”, “los organismos de Derechos Humanos no necesitamos que nos pongan un psicólogo que se siente a escucharnos, sino que necesitamos se tomen medidas certeras y urgentes”.
Mientras la voluntaria desidia de los políticos adquiere los ribetes rocambolescos de un desboque que afecta hasta su propia sangre y la inacción flagrante de la fiscalía genera dudas hasta al más cándido (fiscalía a la que el CELS debió recordar no necesitaba pedir ratificación de denuncias por haberlas tomado y derivado nada menos que un juez, el Dr. Llermanos), el carro policial sin bridas ni frenos juega irresponsablemente con integridad y la vida de muchos chicos que corren peligro en manos de personas que a esta altura de las torturas no pueden calificarse sino como delincuentes con uniforme azul.