Antecedentes como Tlataelolco en 1968, la llamada "Guerra Sucia", que se dio entre finales de los sesenta y principios de los ochenta; las desapariciones forzadas en México no son nada nuevo y se han intensificado desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, en diciembre de 2006. “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, es el concepto que maneja la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas. En México se calcula que hay más de 35 mil personas de cuyo paradero “nadie sabe”. Este crimen de lesa humanidad mientras no sea resuelto amplifica el sufrimiento de familias enteras y allegados. Las principales víctimas de desaparición –así como de hostigamiento y allanamiento de morada– son líderes de comunidades que se oponen a la privatización de los recursos naturales, el pasado 25 de agosto Sergio Rivera Hernández, integrante de la comunidad nahua de Coyolapa en la zona baja de Zoquitlán, defensor comunitario y miembro activo de la resistencia contra la minera Autlán en la Sierra Negra de Puebla fue desaparecido. En Oaxaca existen casos emblemáticos como la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar en el conflicto magisterial de 2006. El pasado jueves 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes del Colectivo de Víctimas de Desaparecidos de Oaxaca, se pronunciaron en el kiosko del Zócalo de la ciudad, para exigir la aparición con vida de sus familiares. Asimismo denunciaron las constantes violaciones, omisiones incompetencia e insensibilidad de las autoridades estatales y federales.