Como nunca, “el derecho a la consulta se ha trivializado”, señala el abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, Francisco López Bárcenas. Quien califica que los ejercicios promovidos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para reformar el artículo 2º constitucional (que reconoce sus derechos), no son, en estricto sentido, una consulta sino una forma de recoger opiniones para legitimar lo que de antemano se ha decidido. Es por eso que muchos pueblos se abstienen de participar. Y es que, un tema sensible, se en marca en el derecho al territorio pues el INPI propone poner en tela de juicio este derecho cuando “haya recursos estratégicos para la nación”. Sobre este tema, comunidades indígenas de Oaxaca, como Santa Catarina Minas o San Nicolás Yaxe han reflexionado ampliamente. En días recientes, ambas comunidades participaron en la Primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería, evento en el que a través de la fiesta, el tequio, la lengua y las asambleas comunitarias, los representantes de las 16 comunidades de los Valles Centrales que asistieron cerraron filas para defender sus derechos pues de modificarse el artículo segundo constitucional, estarían a merced de perder su territorio, sus bienes naturales y hasta poner en riesgo su salud, en caso de que los minerales de sus tierras sean considerados “recursos estratégicos para la nación”.