Mirta Sanchez y su familia son campesinos que trabajan hace más de 30 años unas tierras en Maimara, cerca del río. Según relatan no sólo que nunca tuvieron reclamos por esas tierras sino que hacia el año 2000 lograron la tenencia precaria de las tierras que trabajan. Según estiman, fue tras el correr la calle marginal, cerca de la playa, y la construcción de un puente en la zona que estos terrenos se valorizaron, sobre todo para el interés turístico, pues desde allí se accede tanto al cerro para la peregrinación a Punta Corral como una vistas de primera mano del cerro Paleta de Pintor, principal atractivo natural de la zona. Sea cual fuere la cuestión, desde hace un tiempo una familia de la zona con notorios contactos políticos ha reclamado el terreno, situación que hasta aquí podría dirimirse en tribunales, pero el relato de Mirta, entrevistada por esta radio, da una muestra de un obscuro camino de agresiones físicas y materiales, violaciones de órdenes judiciales y un cúmulo de denuncias policiales que caen en saco roto. Destrozos y amedrentamientos Una de las últimas agresiones sufridas marca lo extremo de la situación, según el relato de Mirta, “la situación en la que yo estoy viviendo ahora, la que mi familia, mis hijas (nota del desgrabador: dos nenas de 6 y dos años) les toco vivir, es agresiones verbales, insultos, amenazas y lo último fue lo físico, llegar a los golpes, a que me vinieran a pegar 6 personas, 2 mujeres -una mujer que no la reconozco, una morocha grandota- y 4 hombres. Donde se tomaron el atrevimiento de venir y pegarme, porque mi marido justamente no hacia mucho que habia salido de mi casa para ir a trabajar, porque nosotros vivimos del campo. Salio a trabajar. Vieron que el salio y vieron que me quede sola, que no estaba nadie, no estaban ni mis suegros ni nadie, estaban trabajando en el campo a esa hora, eran las tres de la tarde mas o menos”. La situación continuó con golpes a los animales y a la misma Mirta, mientras mantenían encerradas a sus hijas “estas personas estaban ahí y no me dejaron entrar a la casa, entraron a mis hijas en la pieza, las encerraron, no me dejaron entrar a verlas, veía que ellas lloraban, gritaban adentro y no pude hacer nada, porque entre todos me empezaron a empujar, a pegar. Un hombre apodado bollo me dio una piña en el rostro, Valeria me empezó a pegar en el cuerpo, justamente yo tengo una cesárea, mi hija tiene dos años y medio, fue muy complicada la cesárea porque fue un parto podálico”, y que “no me cure bien de eso y ella me empezó a pegar, siendo que su hermana, Patricia Ramos, me hacia la visita mensual en mi casa”. Dentro de los nombres específicos figura la familia Ramos, Valeria, Claudio y Martín, entre otros, casi todos trabajadores del hospital y que son familiares de Patricia Ramos, agente sanitaria del hospital y ex comisionada municipal, por donde se da un vínculo político que más adelante se abordará. Continuando con el conteo de destrozos, Mirta declaró que “estamos con miedo, porque esperamos cualquier cosa de estas personas, porque no se tocaron el corazón y decir qué culpa tienen los animales, de pegarles, porque de eso murieron los chanchitos, desarmaron el gallinero, tengo dos nomás, un gallo y una gallina”, pero los destrozos fueron asimismo a su morada “ellos con la barreta empezaron a desarmar mi casa, empezaron a pegar a la perra también. Y los vecinos que me vieron quisieron ayudarme, vieron como me han pegado, pero no pudieron hacer nada en esos momentos” porque “yo, como me tenían agarrada en esos momentos, no ví lo que tenían, ellos me dicen que tenían tenazas, tenían machetes, tenían barretas, empezaron a desarmar mi casa, yo como pude hice mi casa con mi marido, ahorrando, y me la desarmaron, me tiraron la pared, tiraron mis cañas, me sacaron todo afuera, los juguetes de mi hija quedaron aplastados”. Este ilegal amedrentamiento y destrozo no pasó a mayores porque “los vecinos, por suerte, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó ellos salieron corriendo por detrás del terreno”. Inacción política y judicial Pero sin embargo, la inacción de la policía y la justicia deja mucho que desear, pues Mirta relata previamente que “Ese día que nos agredieron, el 20 de julio, nosotros solicitamos una cautelar, el 20 de julio teníamos la cautelar y estaba vigente hasta el 20 de agosto, a mí me pasó esto el 10 de agosto”. Vale decir “esa cautelar no se cumplió, ellos realmente han violado esa” orden judicial, más aún “han jugado con la justicia, porque si ellos te dan una orden, el juez te da una orden creo que hay que cumplirla. Ellos no la han cumplido, y yo me tengo que ahora andar cuidando, pedir la protección de persona”. El desamparo se escuha en el mismo testimonio, pues “no puedo esperar a la policía, porque las denuncias que hago se están acumulando nada más y no hay movimiento, tengo como 6 denuncias y no hay movimiento”. Más aún, la última denuncia no se la querían tomar, pues ya incumbe a una diputada provincial que tendría vínculos políticos con la citada familia Ramos: Susana Haquim. El vínculo políticos Mirta, en su declaración, mencionó que luego de un evento donde fue la misma diputada a apoyar a la citada familia no quisieron ya en la comisaría tomarle la denuncia, porque “si estaba equivocada” entonces la denunciada podría realizar una contradenuncia. Pese a ello Mirta dice que tenía unos audios que certificaban la presencia de la diputada Susana Haquim en el sitio, y por su insistencia le tomaron la denuncia, auqnue no le quisieron dar una constancias, como sí fue en el caso de las denuncias anteriores, porque “se había adjuntado a un nuevo expediente”. Desgraciadamente luego su abogado le informó que no encuentra la denuncia en el expediente. El hecho que motivó esta denuncia es también relatado por Mirta “la diputada Susana Haquim, ella también me amenazó, me dijo que me iba a mandar presa, que ella se iba a negar que yo le dije tales cosas, y que era una sinverguenza, que nos estábamos aprovechando de esas buenas personas, yo tengo audios de eso” y que al retirarse la diputada Mirta se dió cuenta no contaba con pruebas de esa visitas por lo que empezó a filmar, situación beneficiada porque la camioneta en donde partieron ingresó por una calle sin salida, por lo que tuvieron que volver, pero de esta forma también “y se dio cuenta que yo los filmé” y entonces, más tarde “esta gente, Ramos y soto, me vinieron a agredir ese día, pero vinieron precisamente por mi celular, porque se llevaron mi celular. Entonces yo no tengo… solamente los audios de ella”. Los terrenos De los terrenos, Mirta afirma que no sólo ocupan dichos terrenos sino han además pagado impuestos y logrado tenencia precaria, porque son terrenos fiscales, pero que “cuando ha comenzado todo esto nosotros hemos presentado nuestro papeles a la policía, porque la policía nos pedía evidencia de que nosotros estamos allí, de que nos dieron papeles, que tenemos papeles, y a ellos también les han pedido que hagan la denuncia, que se presenten, que presenten papeles, ellos no presentaron. Después ya de que se vino las agresiones verbales han presentado, después que vino Susana Haquim, presentaron una boleta de compra y venta del año 1953” pero que “nosotros no lo podemos ver, ellos dicen que es de todo el terreno”, aunque “nosotros decimos ¿Por que ellos tienen una boleta de compra y venta si eso es fiscal? Fuimos a inmueble y eso es fiscal. Fuimos a varias partes, eso figura fiscal. Y mis suegros pagan impuestos, sino no hubiésemos podido bajar la luz, el agua, el municipio no nos estaría cobrando impuestos municipales, que tenemos que pagar todos los años. Nosotros estamos al día con los impuestos, nos cobran porque nosotros plantamos ahí y nos dieron la tenencia.” Para rizar un poco el rizo, dice que “Después de que me vinieron a pegar, a la semana, viene su abogado a querer negociar las tierras. Me dicen que no me van a tocar, que no me van a hacer nada, que me van a dejar mi casita” pero si reconoce la otra propiedad reclamada “y mis suegros dejan un pedazo de tierra y dan las tierras que ellos quieren”. Históricamente los terrenos del norte han tenido una situación legal precaria, en algunos casos, cuando se trata de pueblos originarios, no reconociendo realmente la preexistencia de estos en el territorio, y en el caso de familias campesinas la ocupación fáctica muchas veces se remonta a décadas, sin a veces contar con un papel legal, aunque en el caso de Mirta existen diversos papeles. Sin embargo actualmente, con la revalorización turística, inmobiliaria o comercial de esos terrenos y territorios la realidad del norte jujeño ha sido de una avanzadilla de capitales especulativos e intereses económicos por sobre los derechos de aquellas personas que han habitado (y trabajado) la tierra por generaciones y donde el más poderoso suele simplemente imponerse al más desvalido. Esperamos y luchamos porque esta no sea una de esas veces.