Detrás de esa propuesta están los intereses oligárquicos acostumbrados a tratar a los pueblos indígenas como si fueran simples objetos a ser administrados por el Estado. Se trata de una ley que se burla del principal propósito del Convenio 169, que consiste en exigir al Estado que garantice los derechos colectivos de los pueblos originarios de Guatemala. Esa iniciativa de ley quiere legalizar lo que el Estado ha hecho por siglos: controlarnos, someternos como enemigos y esclavos, despojarnos de la dignidad por la que siempre hemos luchado. Una nueva forma de genocidio se esconde en ese proyecto de ley porque solo vamos a existir para el Estado cuando una Unidad Técnica decida qué, cuándo, dónde, cómo y a quiénes quieren consultar.
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