Con la articulación por parte del gobierno de la Provincia del Chaco, para la apertura de una delegación de la Gendarmería Nacional con perfiles adecuados y con diálogo con las comunidades; un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y de una delegación de la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia entre otros, y el compromiso de la Guardia Wichí Whasek de El Sauzalito de la entrega de los uniformes actuales, el cese de utilización de todo tipo de armas y la no realización de retenes y todo acto que sea propio de las competencias policiales, se firmó un compromiso para evitar que la violencia continúe imperando en la zona. Esa violencia provocó días atrás dos casos tremendos de injusticia en la zona wichí del Sauzalito; por un lado la violación de una joven wichí por parte de un criollo, que afortunadamente tras la correspondiente denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, se pudo hacer justicia, ya que se comprobó que el médico que la había revisado mintió al decir que no hubo violencia y dos policías que intervinieron en el caso también. Por otro lado está el caso de José Peñaloza de la Guardia Whasek, quien detuvo a una camioneta que pasó por su territorio y que después de mucho insistir mostró parcialmente que transportaba paquetes de hojas de coca; en esa oportunidad también vino la policía del lugar para interceder en el altercado, y luego, cuando este hermano fue a hacer la declaración, allí fue detenido. Trasladado a Fuerte Esperanza, tuvo que soportar malos tratos, insultos racistas y golpes, fue dejado desnudo, parado y esposado toda la noche a un travesaño, sin agua ni comida. Esta situación provocó mucho malestar entre la población de El Sauzalito, especialmente entre las mujeres, quienes procedieron a cortar la ruta en repudio. Las hermanas estuvieron muy firmes, hubo corridas y tuvieron que soportar las amenazas de represión de la policía. Todo esto produjo mucha indignación en diferentes sectores y desde Buenos Aires, se alzaron voces en contra de esta violencia y racismo. Tanto Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas como otras organizaciones sociales y de DD.HH. Afortunadamente se llegó a la audiencia de conciliación enmarcada en el nuevo código procesal penal federal, en donde participó el propio gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, y se refrendó un acuerdo con los referentes de la guardia wichí. Se arribó al acuerdo que fue refrendado por las partes, en la que el gobierno desiste de interés en la persecución penal de la guardia y ésta se compromete a reconvertirse en una guardia ambiental con asistencia del Estado. Por su parte el gobierno se comprometió a la concreción de políticas públicas focalizadas para garantizar el pleno goce de los derechos sin discriminación alguna. Contamos ahora con el testimonio de Ariel Fabián, vocero de la Guardia Whasek, quien nos comenta primero de los dos casos de violencia e injusticia y luego, su sentir al finalizar la audiencia conciliatoria.