2 de octubre: los gobiernos ensayan la represión generalizada
Masacre de Iguala: el ejército se agita
Condena la ONU al gobierno mexicano por un caso ocurrido en Baja California
En defensa de la seguridad social
Comunicado de HIJOS México
Coahuila: contra basurero tóxico
Puebla: más sobre la criminalización de la juventud
Se agravan feminicidios en Oaxaca
Por la defensa del agua
Movilizaciones contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones en Europa
Se registran explosiones en Turquía
2 de octubre: los gobiernos ensayan la represión generalizada
A 47 años de la masacre de Tlatelolco, decenas de miles de personas salieron a las calles de Ciudad Monstruo para desafiar los presagios de represión que los gobiernos federal y capitalino habían lanzado en días pasados. A pesar de las vallas metálicas y los miles de granaderos que buscaban sembrar la parálisis de la movilización social, veteranos del 68, estudiantes, organizaciones sindicales y sociales, colectivos grandes y pequeños, así como individuos, marcharon de Tlatelolco al Zócalo para recordar que ayer como hoy, los gobiernos ejercen la represión impunemente. Acá les compartimos algunas de las palabras dadas por el Comité 68 y por uno de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa
Prácticamente desde el inicio del mitin en el Zócalo, se desató un choque entre manifestantes y policías federales en la esquina sur del Palacio Nacional. Lejos de buscar contener el enfrentamiento, los federales avanzaron lanzando gases lacrimógenos, golpeando y deteniendo a quienes encontraban en su camino. Desde la parte sur del Zócalo avanzaron cientos de policías federales, mientras policías capitalinos hicieron lo mismo desde la Alameda y calles aledañas, creando una pinza que desalojó la plancha central en pocos minutos. Una verdadera razzia que acabó con una manifestación pública y que se prolongó varias horas en el centro de la ciudad. Incluso el contingente de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa fue encapsulado durante cerca de una hora. Coordinadas, las fuerzas represivas federales y locales ensayaron el estado de sitio en Ciudad Monstruo. Mientras medio mundo condena la situación de represión y muerte que impera en México, los gobiernos siguen despeñándose hacia el abismo del terror de estado… hasta que digamos Basta!
Masacre de Iguala: el ejército se agita
Desnudada la mentira histórica del gobierno de Peña Nieto, asistimos al endurecimiento de las posturas, particularmente la del ejército. El 2 de octubre se conoció la existencia de declaraciones de elementos de las fuerzas armadas ante la PGR, realizadas en diciembre de 2014, y casi de inmediato, se afirmó que tales declaraciones estarár reservadas por 12 años, de suerte que no sean consultadas y ayuden en la investigación sobre lo sucedido en septiembre de 2014.
A propósito de la posibilidad de que los integrantes del ejército, se dió una guerra de declaraciones. El infame secretario de la defensa, general Salvador Cienfuegos, declaró el 5 de octubre que: “Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la PGR, algunos hasta 4 veces, sin tener un solo señalamiento en el caso Ayotzinapa. “No tienen por qué declarar los soldados, primero porque no hay señalamiento claro de un involucramiento, nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas, el convenio que hace el gobierno con la CIDH, en particular con el grupo de expertos en ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”. En una palabra, a pesar de las evidencias reveladas sobre su participación en los hechos de Igual, el ejército no cooperará con las investigaciones.
El 7 de octubre en una conferencia de prensa celebrada en Washington, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza señaló que son preocupantes las declaraciones del secretario de la defensa nacional pero la Comisión “va a insistir en que el grupo tenga acceso al batallón de Iguala” porque “considera que es una entrevista que se tiene que hacer, y así lo ha respaldado el alto comisionado” de la ONU para los Derechos Humanos. Alvarez Icaza subió el tono al afirmar: “Entiendo que quienes mandan son las autoridades civiles en México, en su caso tendría que ser el Presidente de la República quien tome la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen de que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos que entonces las palabras del secretario de Defensa son las últimas”.
Y aunque el jueves 8 de octubre, el general Cienfuegos respondió que “las fuerzas armadas del país se mantendrán en la línea de acción marcada por su comandante supremo, el presidente Enrique Peña Nieto”, la polémica reafirma que en la masacre de Iguala, el ejército tiene larga cola que le pisen.
Condena la ONU al gobierno mexicano por un caso ocurrido en Baja California
El 16 de junio de 2009, Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro Ramírez Martínez y Rodrigo Ramírez Martínez fueron detenidos y torturados por elementos del ejército federal. Las declaraciones obtenidas bajo tortura sirvieron para encarcelarlos acusados de secuestro. Actualmente están presos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit. 6 años después, el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por haber violado artículos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La condena señala que el Estado mexicano no tomó medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante la detención y arraigo de las cuatro víctimas en instalaciones militares; omitió una investigación de oficio, inmediata e imparcial; no hubo reparación del daño, y se dictó auto de formal prisión “sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura”. O sea, hizo lo que siempre hacen los agentes de la represión: fabricar culpables. El gobierno de México tiene aún tres meses para contestar y los torturados seguirán en la cárcel…
En defensa de la seguridad social
Entre las contrareformas de Peña Nieto está el desmantelamiento de la seguridad social: tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están siendo abandonados por el gobierno federal y las quejas por la falta de atención, de medicamentos y terapias se multiplican. Se trata de la estrategia que han usado los gobernantes de este país para preparar la desaparición de las instituciones que bien y mal protegían a la población: quitar recursos, lanzar campañas difamatorias y acabar rematando el negocio a los capitalistas. Es contra esos planes que integrantes del Frente Nacional por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social llamaron a manifestarse frente a la sede nacional del IMSS el viernes 9 de octubre. Entre las denuncias hechas durante la manifestación están: la reducción de 5 mil millones de pesos en el presupuesto del instituto para 2016; la entrega a empresas privadas de los servicios de hemodiálisis, radioterapia, análisis clínicos y guardería, actividades de intendencia; y las condiciones infrahumanas en las que laboran las y los trabajadores de las instituciones de salud. En una acción paralela, jubilados y pensionados marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta la sede del IMSS donde exigieron que los fondos para las jubilaciones trasladados a las Afores regresen a las instituciones de seguridad social. Acciones similares tuvieron lugar en Xalapa, Veracruz, y Tampico.
Comunicado de HIJOS México
A través de un comunicado dado a conocer el 7 de octubre, el Colectivo Hijos México informa sobre incidentes de inseguridad que han sufrido en los meses recientes, mismo que se entienden como parte del marco represivo en el cual el Estado se ocupa de intimidar, amenazar y atacar a diversos actores sociales críticos con su acciona.
Entre los hechos relatados se cuentan episodios de seguimiento, llamadas telefónicas constantes con números desconocidos, privados y de números con claves del estado de Guerrero, el robo de todos los recursos económicos del colectivo. En varios de estos incidentes se relaciona el hostigamiento con el acompañamiento que HIJOS hace de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Te invitamos a conocer el comunicado de los compañeros en los sitios hijosmexico.org y kehuelga.net
Coahuila: contra basurero tóxico
El 6 de octubre decenas de ejidatarios de General Cepeda, tomaron las instalaciones donde se edifica el confinamiento de residuos peligrosos en el ejido Noria de la Sabina, bloqueando la entrada e impidiendo el ingreso de los trabajadores de la obra. La exigencia de los manifestantes es la revocación de los permisos a la compañía Sociedad Ecológica Mexicana del Norte para la construcción del basurero industrial. Durante 12 días los ejidatarios ocuparon la presidencia municipal de General Cepeda y afirmaron que continuarán las protestas hasta lograr la cancelación del basurero tóxico.
Puebla: más sobre la criminalización de la juventud
La madrugada del 5 de junio siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron detenidos para presentarlos a declarar sobre las detonaciones ocurridas el 1 de junio en las oficinas del INE, de la Sedesol y en un paradero del Metrobús. Sus nombres son: Carlos Arafat Rosas Villegas, Dulce Carolina Parra, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz y Shariff Guerrero y aunque fueron puestos en libertad, el 1 de octubre el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal fijó una fianza de 77 mil 500 a cada uno, por la supuesta colocación de explosivos. El Comité por la Liberación de Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla calificó esta medida como un “castigo jurídico” para los jóvenes, cinco de ellos miembros del Comité, contra quienes, hasta ahora, la Procuraduría no ha presentado prueba alguna con base en la cual se les incrimine.
Se agravan feminicidios en Oaxaca
El 6 de octubre Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señaló que en lo que va del año han sido asesinadas 55 mujeres en Oaxaca. En el marco de la elaboración del Informe Ciudadano que cada año realizan colectivos feministas para evidenciar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, Hernández Cárdenas adelantó que las cifras dan cuenta que nada ha mejorado en el último año en ninguno de los rubros. “La violencia contra las mujeres sigue siendo un acto que se presenta diariamente y en el ámbito público y privado, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectivas para revertirlo”, manifestó. El informe será presentado entre el 25 octubre y el 10 de noviembre una vez que se haya recabado la información en los rubros de salud, justicia, desapariciones, violencia obstétrica, entre otros.
Por la defensa del agua
Este 10 de octubre en Veracruz, abordo del barco Esperanza, Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) denunciaron la mala administración del agua en el estado, donde a pesar de la alta disponibilidad del vital liquido es también el lugar donde se concentra la mayor cantidad de personas -a nivel nacional- que carecen de acceso al líquido para la vivienda.
Además, las organizaciones convocantes, con ayuda de un mapa interactivo identificaron los focos rojos de agua contaminada, los cuales coinciden con la presencia de distintas indusrtias en el estado. Asimismo resaltamos la creciente presencia de pozos destinados a la fractura hidráulica (fracking), técnica que pone en riesgo la salud, agua y ecosistemas, así como los daños que causan las megapresas en la entidad.
Por su paarte, la Alianza Mexicana contra el Fracking presento el video “Di no al Fracking”, en el cual se explica en qué consiste esta sucia y peligrosa técnica de extracción de gas.
Internacionales
Movilizaciones contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones en Europa
Durante meses y en medio del mayor secreto se esta negociando este tratado entre Europa y Estados Unidos. En su esencia, ha sido concebido como una constitución para las grandes empresas, de suerte que sus intereses predominen por encima de los derechos de los trabajadores y de los intereses nacionales: el tratado busca crear las mejores condiciones posibles para la acción de las grandes empresas. Frente a este intento de recrudecer las de por sí malas condiciones de las poblaciones europeas, el sábado 10 de octubre se realizaron diversas marchas multitudinarias, siendo las más concurridas las celebradas en Amsterdam, Munich, Madrid, Bruselas, París, Helsinski y Berlín, donde se estimó una asistencia de 250 mil personas. Entre las consignas más comunes estuvieron “Stop TTIP” y “Por la democracia, justicia social y nuestros servicios públicos”. La campaña de firmas en contra de la firma del tratado trasatlántico ha juntado más de 3 millones 200 mil firmas. En el sitio stop-ttip.org puedes obtener más informaciones sobre lo que está en juego y algunas de las acciones para impedir la firma y la aplicación de esta constitución de las corporaciones.
Se registran explosiones en Turquía
En Turquía, dos explosiones mataron a 95 personas y 245 resultaron heridas, 48 de ellas de gravedad, por lo que se decretó tres dìas de duelo nacional.
Las explosiones ocurrieron cerca de una estación de trenes en Ankara, la capital turca, justo cuando pasaba por el lugar una marcha pacífica que tenía como finalidad llamar al estado turco a poner fin a las embestidas contra el pueblo kurdo y a su injerencia en Siria con el supuesto fin de combatir las fuerzas del Estado Islámico.
Hoy en día Turquía ha entrado en una espiral de ataques, no es la primera vez en el año que sucede una explosión contra civiles desarmados. No es la primera vez que dichos ataques van dirigidos contra organizaciones de izquierda y/o opositoras al régimen.
El régimen del Partido de la justicia y el desarrollo AKP siente un profundo desprecio por todo aquel que se le oponga. Muestra de ello son los más de 76 periodistas presos, la prohibición de toda manifestación opositora, la negativa de reconocer el Genocidio Armenio en este año que se cumple un siglo, o el hecho de mandar policías antimotines al lugar donde hoy ocurrieron las explosiones evitando tanto la salida de las víctimas como la entrada de ambulancias, mismas que sólo pudieron ingresar gracias a que los manifestantes rompieron a golpes el encapsulamiento de los antimotines turcos.