Violeta, Alejandra y Elvira, defensoras de la vida,
esperaron 15 años por una solución habitacional de subsidio por parte del Estado, solución que nunca llegó, aún cumpliendo con los requisitos de ahorro necesario, por esto, desde hace dos años, junto a otras 30 familias se autogestionan y levantan la toma "Construyendo Futuro", como también se han levantado otras 11 en los alrededores de la ciudad. Todo esto a consecuencia de que Forestal Arauco S.A. perteneciente al grupo Angelini, posee 94,5% de la tierra en Curanilahue (y 1 millón y medio de hectáreas a nivel nacional) acorralando y hacinando así a la población que ya no tiene donde habitar, vulnerando el derecho fundamental a la vivienda, a la vida y a la autodeterminación de los pueblos.
En coherencia al actuar abusivo que históricamente ha tenido el grupo empresarial monopolizador económico, el día 12 de Marzo el abogado Renato Fuentealba Macaya mandado por Forestal Arauco S.A. demanda a Alejandra y Violeta, y por 4ta vez a Elvira Sanchez, como parte de un hostigamiento sistemático ejecutado tanto por carabineros uniformados como civiles, mismo método utilizado en otras resistencias territoriales llevadas a cabo por la Nación Mapuche.
Una de las diferencias con aquellos procesos y que le da la gravedad a este caso, es la insistencia en criminalizar e individualizar la responsabilidad solo a estas mujeres, luchadoras, que incluso en el caso de Elvira Sánchez ha tenido que ver dificultado el proceso de gestación del menor de sus 7 hijos, por asistir a juicio y verse obligada a declararse culpable, por no poseer recursos, ni tiempo para la defensa, en lo que el contexto de un embarazo significa.
En el caso de que la "Justicia" siga estando al servicio del extractivismo como sucesivamente lo ha hecho, y no del pueblo y declara culpable a Violeta y a Alejandra de usurpación ilegal de inmueble, y a Elvira de usufructo de los terrenos (Haberse tomado todos los terrenos ella sola y hacer arriendo de ellos a las familias), las consecuencias para ellas implican multa y cárcel respectivamente, y para las otras 30 familias pobladoras el desmantelamiento y desalojo de sus hogares, construidos con los ahorros reunidos para el subsidio.
esperaron 15 años por una solución habitacional de subsidio por parte del Estado, solución que nunca llegó, aún cumpliendo con los requisitos de ahorro necesario, por esto, desde hace dos años, junto a otras 30 familias se autogestionan y levantan la toma "Construyendo Futuro", como también se han levantado otras 11 en los alrededores de la ciudad. Todo esto a consecuencia de que Forestal Arauco S.A. perteneciente al grupo Angelini, posee 94,5% de la tierra en Curanilahue (y 1 millón y medio de hectáreas a nivel nacional) acorralando y hacinando así a la población que ya no tiene donde habitar, vulnerando el derecho fundamental a la vivienda, a la vida y a la autodeterminación de los pueblos.
En coherencia al actuar abusivo que históricamente ha tenido el grupo empresarial monopolizador económico, el día 12 de Marzo el abogado Renato Fuentealba Macaya mandado por Forestal Arauco S.A. demanda a Alejandra y Violeta, y por 4ta vez a Elvira Sanchez, como parte de un hostigamiento sistemático ejecutado tanto por carabineros uniformados como civiles, mismo método utilizado en otras resistencias territoriales llevadas a cabo por la Nación Mapuche.
Una de las diferencias con aquellos procesos y que le da la gravedad a este caso, es la insistencia en criminalizar e individualizar la responsabilidad solo a estas mujeres, luchadoras, que incluso en el caso de Elvira Sánchez ha tenido que ver dificultado el proceso de gestación del menor de sus 7 hijos, por asistir a juicio y verse obligada a declararse culpable, por no poseer recursos, ni tiempo para la defensa, en lo que el contexto de un embarazo significa.
En el caso de que la "Justicia" siga estando al servicio del extractivismo como sucesivamente lo ha hecho, y no del pueblo y declara culpable a Violeta y a Alejandra de usurpación ilegal de inmueble, y a Elvira de usufructo de los terrenos (Haberse tomado todos los terrenos ella sola y hacer arriendo de ellos a las familias), las consecuencias para ellas implican multa y cárcel respectivamente, y para las otras 30 familias pobladoras el desmantelamiento y desalojo de sus hogares, construidos con los ahorros reunidos para el subsidio.
