Loma La Lata es el mayor yacimiento de gas de Argentina y uno de los más importante de Sudamérica. Con una superficie de 30.000 hectáreas, fue descubierto en la década del 70 y el primer pozo fue perforado en 1977 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La confirmación de las enormes reservas de gas cambiaron la estructura energética del país, que luego se complementó con la construcción de gasoductos Centro Oeste y Neuba II.
“Nuestros mayores nos contaron que no se sabían los derechos que teníamos. Y a la empresa y los gobiernos comenzaron a correr a las familias, a amenazar, distintas formas de violencia”, recuerda Cherqui. Los pozos se multiplicaron. Y también los piletones de desechos. Camiones y campamentos petroleros cambiaron radicalmente la vida de la comunidad.
Cherqui explica que el ganado caprino comenzó a morir (por el agua contaminada y por caer en los piletones), que los ruidos alejaron a la fauna que servía de alimento (guanacos, choikes, liebres) y que la agricultura se volvió cada vez más difícil por la escasez de agua.
“Las petroleras necesitan energía. Y ahí les hicieron las represas, nos inundaron con el (lago) Los Barreales. Nunca pidieron permiso a nadie. Nos echaban el agua como cuando le echan agua a las ratas para que se vayan. Los espacios ceremoniales, los recuerdos, el espacio de vida y trabajo de crianceros y de la comunidad quedó bajo el agua”, se enoja el vocero.
Resistencias
El salón en amplio y luminoso. Los cuatro dirigentes mapuches se sientan del mismo lado, una mesa funciona como escritorio. Del otro lado, bien diferenciados, los visitantes. El más joven (David) no hablará en toda la entrevista. Cherqui será siempre la voz más escuchada. Articula el discurso, interviene cuando los demás referentes amagan decir algo inconveniente o políticamente incorrecto, piensa detenidamente cada respuesta. Sabe que hay un grabador prendido. Mide las respuestas. El inan logko circula el mate.
Recuerdan que para fines de la década del 80 ya eran comunes las enfermedades que nunca antes había aparecido en la zona. Cegueras, diabetes, cáncer. Todos apuntaban a la misma causa, la riqueza del subsuelo y la explotación empresaria.
El quiebre final lo establecen en 1991. “Un día vimos que un par de topadoras y excavadoras bajaban la barda hacia el lado de las casas. La abuela estaba sentada afuera. Le dijeron que teníamos que corrernos porque las cañerías del nuevo gasoducto iban a pasar por donde estaba la casa. Era demasiado ya”, relata el werquen.
Los ancianos llamaron a reunión de hijos y nietos. Se organizaron. Dijeron que no se corrían. YPF cambió la traza. Fue el comienzo del despertar.
Hacía décadas de eran comunidad, pero quisieron contar con documentación que lo acredite. Primera traba, el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Mediante la Dirección de Asuntos Indígenas les dijo que no se podía. Que en Neuquén ya no había más comunidades mapuches. Les ofrecieron a cambio ser una Asociación de Fomento Rural (AFR), que nuclea a crianceros y campesinos.
No aceptaron negociar su identidad.
Y comenzó el acercamiento con Newen Mapu, una de las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). Se hicieron asambleas, fortalecieron el proceso organizativo y, en 1996, ya eran legalmente comunidad mapuche. “Al Estado neuquino no le gustó”, sonríen los cuatro dirigentes mapuches. YPF había sido privatizada por Carlos Menem. Era ya Repsol/YPF.
Y comenzó la construcción de la planta procesadora de gas Mega (la nave espacial gigante que se visualiza a la entrada de la comunidad), con participación de Dow Chemical, Petrobras y Repsol.
“Les hicimos frente, fuimos a pararlos de a caballo, nos cruzábamos delante de las máquina. Éramos cuatro o cinco, pero terminamos siendo 600. Fueron 43 días de corte, de resistencia. No teníamos nada, ni para comer, pero estuvieron muchas comunidades mapuches y compañeros no mapuches”, detalla Cherqui. Hubo órdenes de desalojo, presencia de Gendarmería Nacional e intento de represión. Pero se llegó a un acuerdo. La comunidad cedió 103 hectáreas para la construcción de Mega. A cambio, el gobierno provincial se comprometió a entregar el título de propiedad en 180 días. Las empresas dieron dos camionetas y 20 mil pesos.
No hubo milagro: el gobierno provincial nunca entregó el título.
Cherqui reconoce que el acuerdo fue desfavorable para la comunidad, lamenta haber “entregado parte de un territorio mapuche”, pero también rescata que fue la primera vez que empresas y gobiernos firmaron un acuerdo con una comunidad indígena para explotar recursos naturales. “Lo entendimos como un precedente para todos los pueblos indígenas, fue un espacio sacrificado por la lucha del pueblo mapuche”, evalúa a la distancia. Y subraya: “Provincia y empresa reconocen en el acuerdo que el territorio es nuestro, eso para nosotros fue y es importante, aunque no haya título”.
La comunidad Kaxipayiñ reivindica como propias al menos 20.000 hectáreas (incluidas las que fueron inundadas con los lagos de la represa). En la actualidad cuentan con uso efectivo de 6800 hectáreas. De Loma La Lata nacen gasoductos que alimentan de gas a Neuquén, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires. Pero el gas no llega a los mapuches de Kaxipayiñ, que cocinan y se calefaccionan a leña o, en el mejor de los casos, con garrafas.
Contaminación
La comunidad Paynemil (vecino de Kaxipayiñ) realizó en 1995 una perforación para extraer agua. En lugar de agua brotó una mezcla extraña de agua e hidrocarburos que, incluso, se prendía fuego. Fue el detonante. Y se sumó a las denuncias que ambas comunidades habían realizado por las continuas enfermedades de los niños.
La Defensoría de Menores de Neuquén, en representación de los niños de las comunidades, inició una causa civil en 1997 para exigir al gobierno provincial (“asociado” por regalías a las empresas petroleras, y en su momento co-responsable con el de Nación del contralor de su actividad) la provisión de agua potable, primero de emergencia y luego también definitiva y suficiente para las familias.
La demanda pidió también que se brindara (previo diagnóstico) seguimiento y atención médica a los niños y jóvenes, que se proveyera un régimen definitivo de agua sana y apta, y que se implementaran acciones tendientes a prevenir e impedir la contaminación del agua, del suelo y del aire.
En abril de 1997, la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó al gobierno de Neuquén la provisión inmediata de agua de manera permanente, realizar estudios médicos a todos los niños y tomar las necesarias para asegurar la preservación del ambiente.
El Gobierno apeló dos veces. Pero el fallo fue confirmado por la Cámara en lo Civil y luego por el Tribunal Superior de Justicia. El gobierno no cumplió con la sentencia.
“Nuestros mayores nos contaron que no se sabían los derechos que teníamos. Y a la empresa y los gobiernos comenzaron a correr a las familias, a amenazar, distintas formas de violencia”, recuerda Cherqui. Los pozos se multiplicaron. Y también los piletones de desechos. Camiones y campamentos petroleros cambiaron radicalmente la vida de la comunidad.
Cherqui explica que el ganado caprino comenzó a morir (por el agua contaminada y por caer en los piletones), que los ruidos alejaron a la fauna que servía de alimento (guanacos, choikes, liebres) y que la agricultura se volvió cada vez más difícil por la escasez de agua.
“Las petroleras necesitan energía. Y ahí les hicieron las represas, nos inundaron con el (lago) Los Barreales. Nunca pidieron permiso a nadie. Nos echaban el agua como cuando le echan agua a las ratas para que se vayan. Los espacios ceremoniales, los recuerdos, el espacio de vida y trabajo de crianceros y de la comunidad quedó bajo el agua”, se enoja el vocero.
Resistencias
El salón en amplio y luminoso. Los cuatro dirigentes mapuches se sientan del mismo lado, una mesa funciona como escritorio. Del otro lado, bien diferenciados, los visitantes. El más joven (David) no hablará en toda la entrevista. Cherqui será siempre la voz más escuchada. Articula el discurso, interviene cuando los demás referentes amagan decir algo inconveniente o políticamente incorrecto, piensa detenidamente cada respuesta. Sabe que hay un grabador prendido. Mide las respuestas. El inan logko circula el mate.
Recuerdan que para fines de la década del 80 ya eran comunes las enfermedades que nunca antes había aparecido en la zona. Cegueras, diabetes, cáncer. Todos apuntaban a la misma causa, la riqueza del subsuelo y la explotación empresaria.
El quiebre final lo establecen en 1991. “Un día vimos que un par de topadoras y excavadoras bajaban la barda hacia el lado de las casas. La abuela estaba sentada afuera. Le dijeron que teníamos que corrernos porque las cañerías del nuevo gasoducto iban a pasar por donde estaba la casa. Era demasiado ya”, relata el werquen.
Los ancianos llamaron a reunión de hijos y nietos. Se organizaron. Dijeron que no se corrían. YPF cambió la traza. Fue el comienzo del despertar.
Hacía décadas de eran comunidad, pero quisieron contar con documentación que lo acredite. Primera traba, el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Mediante la Dirección de Asuntos Indígenas les dijo que no se podía. Que en Neuquén ya no había más comunidades mapuches. Les ofrecieron a cambio ser una Asociación de Fomento Rural (AFR), que nuclea a crianceros y campesinos.
No aceptaron negociar su identidad.
Y comenzó el acercamiento con Newen Mapu, una de las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). Se hicieron asambleas, fortalecieron el proceso organizativo y, en 1996, ya eran legalmente comunidad mapuche. “Al Estado neuquino no le gustó”, sonríen los cuatro dirigentes mapuches. YPF había sido privatizada por Carlos Menem. Era ya Repsol/YPF.
Y comenzó la construcción de la planta procesadora de gas Mega (la nave espacial gigante que se visualiza a la entrada de la comunidad), con participación de Dow Chemical, Petrobras y Repsol.
“Les hicimos frente, fuimos a pararlos de a caballo, nos cruzábamos delante de las máquina. Éramos cuatro o cinco, pero terminamos siendo 600. Fueron 43 días de corte, de resistencia. No teníamos nada, ni para comer, pero estuvieron muchas comunidades mapuches y compañeros no mapuches”, detalla Cherqui. Hubo órdenes de desalojo, presencia de Gendarmería Nacional e intento de represión. Pero se llegó a un acuerdo. La comunidad cedió 103 hectáreas para la construcción de Mega. A cambio, el gobierno provincial se comprometió a entregar el título de propiedad en 180 días. Las empresas dieron dos camionetas y 20 mil pesos.
No hubo milagro: el gobierno provincial nunca entregó el título.
Cherqui reconoce que el acuerdo fue desfavorable para la comunidad, lamenta haber “entregado parte de un territorio mapuche”, pero también rescata que fue la primera vez que empresas y gobiernos firmaron un acuerdo con una comunidad indígena para explotar recursos naturales. “Lo entendimos como un precedente para todos los pueblos indígenas, fue un espacio sacrificado por la lucha del pueblo mapuche”, evalúa a la distancia. Y subraya: “Provincia y empresa reconocen en el acuerdo que el territorio es nuestro, eso para nosotros fue y es importante, aunque no haya título”.
La comunidad Kaxipayiñ reivindica como propias al menos 20.000 hectáreas (incluidas las que fueron inundadas con los lagos de la represa). En la actualidad cuentan con uso efectivo de 6800 hectáreas. De Loma La Lata nacen gasoductos que alimentan de gas a Neuquén, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires. Pero el gas no llega a los mapuches de Kaxipayiñ, que cocinan y se calefaccionan a leña o, en el mejor de los casos, con garrafas.
Contaminación
La comunidad Paynemil (vecino de Kaxipayiñ) realizó en 1995 una perforación para extraer agua. En lugar de agua brotó una mezcla extraña de agua e hidrocarburos que, incluso, se prendía fuego. Fue el detonante. Y se sumó a las denuncias que ambas comunidades habían realizado por las continuas enfermedades de los niños.
La Defensoría de Menores de Neuquén, en representación de los niños de las comunidades, inició una causa civil en 1997 para exigir al gobierno provincial (“asociado” por regalías a las empresas petroleras, y en su momento co-responsable con el de Nación del contralor de su actividad) la provisión de agua potable, primero de emergencia y luego también definitiva y suficiente para las familias.
La demanda pidió también que se brindara (previo diagnóstico) seguimiento y atención médica a los niños y jóvenes, que se proveyera un régimen definitivo de agua sana y apta, y que se implementaran acciones tendientes a prevenir e impedir la contaminación del agua, del suelo y del aire.
En abril de 1997, la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó al gobierno de Neuquén la provisión inmediata de agua de manera permanente, realizar estudios médicos a todos los niños y tomar las necesarias para asegurar la preservación del ambiente.
El Gobierno apeló dos veces. Pero el fallo fue confirmado por la Cámara en lo Civil y luego por el Tribunal Superior de Justicia. El gobierno no cumplió con la sentencia.
