Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, se valen de contratistas –medianas o pequeñas empresas– que muchas veces son las que hacen punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la expulsión de habitantes ancestrales y la concentración de tierras por parte de privados.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo relevamiento afirma que, en la última década y en la zona de la pastera Alto Paraná (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la RAOM, desde hace una década estudia y denuncia el accionar forestal.
Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Caso emblemático es el municipio de Puerto Piray, donde la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra: de las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.
Patagonia forestal
La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica, y protagonizan conflictos con pueblos originarios y familias campesinas.
“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, explica la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. A pesar de habitar el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado penalmente por “robo” en su propia tierra.
“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales (que siempre pastaron en el lugar) y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza que incluyen los llamados ‘bonos verdes’ (certificados ambiéntales que cotizan en bolsas de valores), entre otros mecanismos de control y saqueo de nuestro territorio. No permitiremos que nuestros espacios sean parte de ese juego”.
Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras: toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas. “El Estado de Río Negro y sus funcionarios niegan sistemáticamente nuestros derechos como Pueblo Mapuche. Exigimos, en cumplimiento de las leyes, que restituyan a la comunidad Pichún su fracción del territorio y que se retire la empresa Emforsa del lugar”, aclaró el CAI.
La empresa Emforsa rechazó dialogar con este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que no respondió los llamados.
La zona cordillerana de Río Negro vivió su avanzada forestal en la década del 80, de la mano de aserraderos, con desmontes y expulsión de pobladores rurales. A nivel nacional funcionaba el Ifona (Instituto Forestal Nacional, disuelto en 1992) y, en la Patagonia, el Servicio Forestal Andino (SFA), aún vigente. “Estos organismos iniciaron la implantación de cultivos de pinos de especies exóticas, mecanismo con el que se presionó a los pobladores, mayormente fiscaleros sin título de propiedad. Esos proyectos de forestación ‘pequeños’ abrieron el camino para la creación de la empresa de capitales mixtos como Emforsa, que se extendió definitivamente en el territorio en la década del 90”, detallaron desde el CAI.
En los últimos años, Emforsa pretendió avanzar con forestaciones en la zona de Ñorquinco, 130 kilómetros al sur de Bariloche, en espacio territorial de la comunidad Kom Kiñé Mu. El intento empresario fue rechazado por las familias mapuches, pero las tierras son codiciadas para ese monocultivo.
fuente
http://www.darioaranda.com.ar/2009/07/la-invasion-forestal/
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo relevamiento afirma que, en la última década y en la zona de la pastera Alto Paraná (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la RAOM, desde hace una década estudia y denuncia el accionar forestal.
Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Caso emblemático es el municipio de Puerto Piray, donde la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra: de las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.
Patagonia forestal
La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica, y protagonizan conflictos con pueblos originarios y familias campesinas.
“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, explica la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. A pesar de habitar el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado penalmente por “robo” en su propia tierra.
“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales (que siempre pastaron en el lugar) y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza que incluyen los llamados ‘bonos verdes’ (certificados ambiéntales que cotizan en bolsas de valores), entre otros mecanismos de control y saqueo de nuestro territorio. No permitiremos que nuestros espacios sean parte de ese juego”.
Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras: toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas. “El Estado de Río Negro y sus funcionarios niegan sistemáticamente nuestros derechos como Pueblo Mapuche. Exigimos, en cumplimiento de las leyes, que restituyan a la comunidad Pichún su fracción del territorio y que se retire la empresa Emforsa del lugar”, aclaró el CAI.
La empresa Emforsa rechazó dialogar con este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que no respondió los llamados.
La zona cordillerana de Río Negro vivió su avanzada forestal en la década del 80, de la mano de aserraderos, con desmontes y expulsión de pobladores rurales. A nivel nacional funcionaba el Ifona (Instituto Forestal Nacional, disuelto en 1992) y, en la Patagonia, el Servicio Forestal Andino (SFA), aún vigente. “Estos organismos iniciaron la implantación de cultivos de pinos de especies exóticas, mecanismo con el que se presionó a los pobladores, mayormente fiscaleros sin título de propiedad. Esos proyectos de forestación ‘pequeños’ abrieron el camino para la creación de la empresa de capitales mixtos como Emforsa, que se extendió definitivamente en el territorio en la década del 90”, detallaron desde el CAI.
En los últimos años, Emforsa pretendió avanzar con forestaciones en la zona de Ñorquinco, 130 kilómetros al sur de Bariloche, en espacio territorial de la comunidad Kom Kiñé Mu. El intento empresario fue rechazado por las familias mapuches, pero las tierras son codiciadas para ese monocultivo.
fuente
http://www.darioaranda.com.ar/2009/07/la-invasion-forestal/
