El 14 de febrero de 2015 comenzó el segundo acampe. El primero en llegar fue Félix Díaz, en reclamo por los asesinatos impunes, la demanda de territorio, falta de atención sanitaria y, la gota de llenó el vaso, obras inconsultas dentro de la comunidad que tenían como fin de cooptar a las familias críticas a Insfrán.
“No se cumplió ninguno de los acuerdos de la mesa de diálogo con Nación y Provincia”, recordó Díaz. Amnistía Internacional solicitó al Estado que proteja la integridad física de la comunidad. Se solidarizaron con los qom la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La lista de reclamos incluyó la realización del relevamiento territorial (como establece la Ley Nacional 26160, con participación de la comunidad) y el reconocimiento oficial a las autoridades votadas por la comunidad (había sido uno de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior –Félix Díaz fue electo en junio de 2011 con el 62 por ciento de los votos–).
Marcha
“Territorio robado, será recuperado”, fue el grito en el centro porteño. En el Obelisco, Tribunales, Congreso Nacional y Plaza de Mayo. Fue el 10 de marzo de 2015, en una marcha convocada por la organización “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”. Se trata 48 comunidades forman parte de la organización.
“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.
En Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, hubo mensajes para la Corte Suprema de Justicia: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”. También le tocó al Congreso Nacional: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas”, reclamó Díaz y lamentó que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales”.
Encuentro
Referentes originarios de todo el país llegaron el 27 de mayo a la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, convocada por el acampe Qopiwini en Buenos Aires. Derechos consagrados en legislación nacional e internacional; agronegocios, minería y petróleo; judicialización y ley antiterrorista, derechos humanos y territorios fueron algunos de los temas que se abordaron. “El mundo occidental y blanco ve nuestros territorios como espacios para explotar, sacar riquezas y contaminar. Así el territorio muere, y también morimos nosotros. Por eso nos organizamos para que se cumplan nuestros derechos”, explicó Jorge Palomo, wichí de Formosa.
Luego de dos días de debates y consensos, el viernes 29 se difundió el documento final: “Argentina sufre las consecuencias de un modelo económico no-sustentable. Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas”.
“Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados ‘recursos naturales’ (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural”, describió.
Enumeraron once reclamos puntuales (ligados a derechos vigentes pero incumplidos) y advirtieron: “Estamos dispuestos a seguir luchando protegiendo a nuestras tierras y territorios”.
Derechos humanos
Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, fue el funcionario designado (al quinto mes de acampe) por el Gobierno como interlocutor. El 8 de julio recibió a una numerosa comitiva (más de 25 personas) en la sede de la Secretaría. Se molestó porque eran muchos: “Esto parece una asamblea. Así no se puede dialogar”. También se enojó porque un wichí estaba grabando el encuentro. Instó, de mala manera, a que nada de lo charlado se haga público. Y se negó a firmar el acta con los puntos acordados.
El 15 de julio se inauguraba el monumento a Juana Azurduy, en el mismo lugar que fue removido el de Cristóbal Colón (detrás de casa de Gobierno). Fue presentado por el Gobierno como un acto de independencia y reivindicación de la historia y cultura del continente. Invitado espacial (y donante de la escultura), el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Los Qopiwini convocaron a marchar hasta el lugar de acto. Estaban de acuerdo con el nuevo monumento, pero sobre todo querían llegar hasta Evo Morales, entregar un documento de la situación indígena en Argentina e invitarlo al acampe.
Horas antes de la movilización (el mismo 15 de julio), Fresneda llegó hasta el acampe. Pidió reunión privada con los líderes y, en tono amable pero firme, exigió que no se movilicen. Los líderes indígenas le ratificaron que marcharían. El Secretario de Derechos Humanos cambió el tono. Amenazó a los Qopiwini con cortar todo diálogo. Estuvo secundado por Sebastián Demicheli, del INAI. Prometió que, de cumplirse su pedido, la mayor parte de los temas de la Mesa de Diálogo se encarrilarían pronto. Los Qopiwini le pidieron que dé su palabra. Fresneda la dio.
Los indígenas de Formosa evaluaron la situación. Creen en la palabra de sus interlocutores. Confiaron en el Secretario de Derechos Humanos. Ninguno de las pedidos se cumplió.
El 29 de julio hubo conferencia de prensa en el acampe. Amanda Asijak, de la comunidad La Primavera fue al grano. “Fresneda nos mintió, no quiso que marchemos”.
Regreso
Luego de diez meses de acampe indígena en Buenos Aires, y ninguna solución del gobierno nacional, el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) volvió a Formosa. Fue el domingo 6 de diciembre, luego de reuniones con el jefe de Gabinete entrante, Marcos Peña; y el nuevo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La nueva gestión se comprometió a que el nuevo Presidente los recibirá antes del fin de año, que trabajará en soluciones concretas (territoriales, salud, educación, identidad) y anunció el pase del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) al área de Derechos Humanos (dejará de estar en Desarrollo Social).
“Nuestra lucha no tiene nada que ver con los partidos políticos. Queremos que se cumplan nuestros derechos”, destacó en reiteradas oportunidades Díaz y afirmó: “Ojalá que el nuevo Gobierno nos escuche y cumpla. Desde nuestros ancestros somos un pueblo que cree en la palabra. Esperamos que cumplan”.
Amanda Asijak (esposa de Díaz) y Nora Cortiñas explicitaron su desconfianza y que querían mantener el acampe.
Díaz remarcó que los derechos humanos no se deben mendigar, se deben cumplir y avisó: “Levantamos el acampe voluntariamente, pero si no se resuelven las demandas y si no cumplen, volveremos a acampar. No es desafío a nadie, queremos colaborar en la política indígena pero que se cumpla la palabra”.
En pocas semanas se sabrá si el nuevo gobierno cumplió su palabra o actuó igual que el kirchnerismo.
* Por Darío Aranda. Publicado en diciembre de 2015 en el Periódico 111 de la CTA.
http://www.darioaranda.com.ar/2015/12/cronica-de-una-lucha/