A fines de 2011 trascendió en La Rioja un acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa canadiense Osisko Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Volvió el estado de movilización. Que tuvo su pico cuando los asambleístas descubrieron una carpeta de la empresa con información de los activistas. Denunciaron “listas negras”, al mejor estilo de la última dictadura militar, en las que se detallaban lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.

El 2 de enero comenzó el corte en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debiera pasar la empresa para explorar el Famatina. Casi tres semanas de corte, que ya se transformó en un acampe permanente y masivo. El jueves 12 hubo movilización, en respaldo a la lucha riojana, en seis provincias (Mendoza, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Chubut y Buenos Aires). El lunes 16 venció el plazo que, según el convenio, tenía la empresa para ingresar al cerro. El mismo día hubo una masiva movilización desde Alto Carrizal hasta el casco urbano de Famatina. También hubo una concentración en la capital riojana.

Algunas de las voces de tres semanas de movilización:

-”Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor (…) El gobierno de la provincia privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano” (Adolfo Pérez Esquivel).

-”El pueblo de Famatina no quiere la actividad minera como una actividad para nuestra región. La gente apuesta al turismo o a la producción de nueces, duraznos, uvas, peras” (intendente Ismael Bardogaray).

-”La intimidante presencia de fuerzas de seguridad especiales, la amenaza constante sobre la integridad física de los ciudadanos, sumado a las reiteradas vulneraciones de sus derechos básicos como el de manifestarse y expresarse, y la posición del gobierno nacional, son algunas de las preguntas de los pedidos de informes –al Gobierno– (Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, Servicio de Paz y Justicia -Serpaj-, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), Colectivo Voces de Alerta, Colectivo por la Igualdad)

-”La Constitución Nacional y Provincial prevén mecanismos de participación como la consulta popular, en la que el pueblo se manifiesta sobre situaciones que hacen a su destino social, cultural o económico. Consideramos que estos instrumentos constitucionales respetuosamente aplicados, contribuirán a apreciar realmente la voluntad popular de los departamentos de Chilecito y Famatina y a valorar la palabra empeñada de aquellos que fueron constituidos por el pueblo riojano en rectores de los destinos de la Provincia” (Eextracto del comunicado del obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez).

-”Apoyamos los reclamos de la población de La Rioja, rechazando el nuevo emprendimiento de la empresa Osisko que el Gobierno impulsa para el Cordón de Famatina, pronunciándonos contra el saqueo y la depredación del valle de Famatina, y haciendo nuestros los reclamos de la población organizada (…) Solicitamos la urgente revisión de la legislación nacional minera derogando las leyes que permiten el saqueo de los recursos naturales, la exención impositiva a este sector y la contaminación de la biosfera” (Resolución del Congreso de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina –Fesprosa–, integrada por 27 mil profesionales de la salud).

-”Desde lejos, pero desde cerca, envío un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, que no se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas, que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio” (Eduardo Galeano).

-”El Fatamina no se toca” (Asamblea de Famatina y Chilecito).

Ningún funcionario nacional se refirió al tema. Ni siquiera las secretarías de Ambiente, ni Derechos Humanos; las más directamente vinculados a la contaminación y a la criminalización de la protesta. Tampoco el Ministerio de Justicia ni la Jefatura de Gabinete.

El 13 de enero –cuando la movilización riojana llevaba casi dos semanas, ya había ocho activistas imputados y se temía represión en el acampe– una dependencia del gobierno nacional rompió el silencio.