Cuatro años después de un golpe militar que depuso al presidente electo democráticamente, Manuel Zelaya, los hondureños tienen la oportunidad con las elecciones del 24 de noviembre de restaurar la democracia. Hay mucho en juego: o se hundirá más Honduras en la vorágine de la violencia y la represión, o tendrá la oportunidad de pelear para comenzar a restablecer el estado de derecho y construir una economía viable. En un plano más general, las elecciones hondureñas probarán si la transición de América Latina hacia la democracia y la justicia social se le permitirá avanzar en lo que el secretario de Estado John Kerry todavía se refiere como "nuestro patio trasero". Durante los últimos nueve meses, el candidato presidencial que ha mantenido la delantera en las encuestas con mayor consistencia ha sido Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del ex presidente, que se ha convertido en una líder carismática por derecho propio. Ella es la candidata de LibRe (Libertad y Refundación), un nuevo partido surgido a partir de la resistencia post-golpe de Estado que une a una coalición amplia, incluidos sindicatos, activistas LGBTI, dirigentes campesinos, activistas de los derechos de los consumidores, defensores de derechos humanos, ex miembros del Partido Liberal que se opusieron al golpe de Estado y otros movilizados con una enorme base popular. Sin nada más, el sistema de dos partidos tradicionales se ha hecho añicos. En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, un presentador de deportes ultraconservador, sin experiencia política con su propio nuevo Partido Anticorrupción, pero se ha quedado rezagado recientemente. El hombre a vigilar es Juan Orlando Hernández, el candidato del gobernante Partido Nacional, por delante en algunas encuestas recientes. Hernández ha mostrado su capacidad para socavar el estado de derecho. Como líder en el Congreso de Honduras, que promovió con entusiasmo el golpe de Estado de 2009. En diciembre de 2012, siendo su presidente, dirigió el "golpe de Estado técnico" en el que el Congreso destituyó ilegalmente a cuatro de los quince magistrados de la Corte Suprema y los reemplazó al día siguiente. En agosto del presente año, el Congreso nombró ilegalmente a un nuevo fiscal general para un mandato de cinco años. Como resultado de ello, Hernández y su partido controlan todos los dominios claves del poder del Estado, incluyendo la maquinaria electoral y los militares. Más escalofriante, Hernández ha construido su candidatura sobre todo en la promesa de "un soldado en cada esquina”. Es bien sabido que la policía, el poder judicial y el fiscal son corruptos, entrelazados con el narcotráfico y el crimen organizado. La policía está dirigida por Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, presunto líder de un escuadrón de la muerte. Al carecer de la voluntad política para limpiar esto, el actual presidente Porfirio Lobo y el Congreso asignan al ejército para hacerse cargo de las funciones de la policía, supuestamente para proteger a los hondureños de los mismos peligros del que el gobierno es en parte responsable. Sin embargo, los militares sí tienen un historial de represión y corrupción. El 15 de julio, por ejemplo, el Batallón de Ingenieros disparó y mató a un activista indígena, Tomás García, mientras protestaba pacíficamente contra la construcción de una represa. En el Valle del Aguán, el Batallón XV ha cometido abusos generalizados contra los derechos humanos. Constitucionalmente, el ejército supervisa el proceso de votación. En este contexto, las perspectivas de una competencia libre y justa son sombrías. Según Rights Action, por lo menos dieciocho activistas y candidatos del partido LibRe han sido asesinados desde mayo de 2012 -más que de todos los demás partidos juntos. Por lo menos sesenta y siete abogados y veintinueve periodistas han sido asesinados durante el gobierno de Lobo, pero sólo en cuatro casos se ha condenado a alguien. Mientras tanto, el gobierno de Honduras está criminalizando cada vez más las protestas pacíficas. Se está procesando agresivamente a la líder indígena Bertha Cáceres, por ejemplo, bajo cargos falsos. Aunque la Embajadora Lisa Kubiske ha declarado que los Estados Unidos no está tomando partido y que es importante que las elecciones "se lleven a cabo de una manera justa y transparente y libre”, los indicios hasta ahora sugieren que la Embajada puede legitimar un triunfo fraudulento. No se ha pronunciado enérgicamente contra el nombramiento ilegal del fiscal general, la militarización de la policía o el golpe de Estado técnico. Nunca ha protestado públicamente por los asesinatos de los activistas y candidatos del partido LibRe. La Embajada promueve la observación de elecciones, seguir trabajando en estrecha colaboración con Bonilla, la policía corrupta y los militares peligrosos. El Congreso de EE.UU., sin embargo, está observando cuidadosamente a Honduras. En junio, veintiún senadores, entre ellos los principales líderes, firmaron una carta del senador Benjamin Cardin que cuestionaba el apoyo de EE.UU. a las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras y manifestaba sus preocupaciones sobre las elecciones. En la Cámara, el 15 de octubre, varios miembros, liderados por el representante Raúl Grijalva de Arizona, expresaron preocupaciones similares. ¿Construirá el Departamento de Estado lo que solía llamarse una "elección demostrativa”, creando la ilusión de una democracia en Honduras para que Hernández puede ganar y los Estados Unidos pueda continuar derramando decenas de millones de dólares a las fuerzas de seguridad en nombre de la "guerra contra las drogas"? O podrán los hondureños a dar un pequeño paso hacia adelante? Eso es lo que el mundo debería estar pidiendo. Fuente: http://www.thenation.com/article/177028/high-stakes-election-honduras Con los aportes de Mercedes López San Miguel y Uriel Gudiel Rodríguez