“Es muy probable que al enfrentar una encuesta sobre cuáles son los servicios públicos, los ciudadanos latinoamericanos respondan sin lugar a dudas: la luz, el agua y el teléfono. En Latinoamérica, a diferencia de la mayor parte del resto del mundo, los medios de comunicación y, en particular, los servicios de comunicación audiovisual no aparecen, ni conceptual ni prácticamente, involucrados al derecho ciudadano de contar con medios públicos que representen al conjunto de la sociedad. Por otra parte, sí existen numerosos medios de propiedad estatal que, en la mayoría de los casos, han quedado limitados a tornarse voceros de los intereses de los gobiernos. De esta forma, no se ha sabido/podido construir un vínculo con la ciudadanía que permita que los medios públicos sean concebidos como una alternativa válida para la difusión de información de calidad, de programas que respondan a la diversidad cultural de nuestros países y generen ficciones que se vinculen con las identidades presentes en nuestras regiones. Por su parte, en Europa, donde surge el concepto y desde donde se genera un modelo de radiodifusión pública que se exportó a gran parte del planeta, también los medios públicos deben enfrentar serios desafíos. Desde la década del 80 se asiste a una crisis del modelo de radiodifusión pública, luego de que se aboliese el privilegio del monopolio del que disfrutaron los servicios públicos durante 60 años. Con la competencia de nuevos medios privados, la legitimidad del servicio público se vio amenazada en varios países. De todas formas, la radiodifusión pública conserva, tanto por audiencia como por prestigio social, un importante caudal de apoyo, que no siempre se ve reflejado en la solvencia necesaria para seguir cumpliendo su misión.” (Fragmento del Libro “Las Políticas de Comunicación en el Siglo XXI”, editado por Guillermo Mastrini, Ana Bizberge y Diego de Charras)