“La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya estableció en abril de 2010 una serie de medidas para blindar con rigor científico cualquier dato falso o manipulado por parte de la empresa o de funcionarios de ambas naciones. Así, hay un Comité Científico encargado de monitorear todos estos asuntos, tiene sus propios laboratorios, convoca a concursos transparentes para ocupar cargos de responsabilidad, organiza cursos y seminarios con intendentes y asociaciones civiles de ambas orillas, entre otras tantas actividades. La cooperación binacional para encauzar un conflicto que durará años es el contexto en el cual se desarrolla este diferendo. Lo que no debe perderse de vista es que UPM (ex Botnia) es una transnacional y opera entre dos naciones con alta vulnerabilidad externa. Uruguay prácticamente no tiene industrias y Argentina sufrió la destrucción sistemática de su desarrollo industrial autónomo. Al punto tal que, según la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC, las 500 empresas más grandes del país representan el 24% del PBI, lo que habla de un alto nivel de concentración de la economía. De esas 500, 335 son extranjeras. Hoy ambos países están viviendo un crecimiento que no solo se debe a las políticas sociales y de consumo que sus gobiernos impulsan sino que son parte del modelo de agro-negocios concebido por las multinacionales, que van desde las productoras de semillas genéticamente modificadas hasta la comercialización por parte de las multinacionales del sector. En ese proceso, la destrucción del medio ambiente y la contaminación no son un dato menor: la tala sistemática de bosques y la utilización de plaguicidas tóxicos no están sometidas a un control severo como debería ser. Es más, la creciente asimilación del glifosato por parte de los cultivos de maíz y soja hace que las plagas sean más resistentes y eso lleva a que cada año se utilice más cantidad de productos tóxicos que degradan los suelos, destruyen la biodiversidad y crean diversos trastornos para la salud humana.”